Integrantes de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron hoy con legisladores de República Dominicana, en su segundo día de trabajo en el país para evaluar las consecuencias de una reciente sentencia sobre el acceso a la nacionalidad dominicana.
La delegación visitó el Congreso Nacional, donde sostuvo encuentros con los portavoces de las organizaciones políticas con representación en la Cámara de Diputados, y con el presidente de este organismo Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el poder.
"Valoramos esta visita en la medida en que se haga con objetividad", dijo Martínez a la prensa local, en alusión a las acusaciones de injerencia que han caído sobre la misión de la CIDH.
La misión evalúa el alcance de un dictamen del Tribunal Constitucional que en septiembre falló que una mujer de ascendencia haitiana, Juliana Deguis Pierre, no puede ser dominicana porque nació de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" (sin residencia legal) la excluye de optar por ese derecho.
La sentencia también dispuso determinar la validez o nulidad de las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana, y ordenó realizar una auditoría de los registros de nacimiento desde 1929 a la fecha, para identificar a todos los extranjeros inscritos en el registro civil.
La delegación de la CIDH continuó hoy recibiendo los testimonios de las personas que se sienten afectadas por el fallo. La seguridad del lugar donde trabaja la misión, en el Malecón de Santo Domingo, fue reforzada con una mayor presencia policial, debido a protestas contra la presencia del organismo.
Durante la jornada, Ana María Belique, una reconocida dirigente del movimiento que defiende los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, instó a los descendientes de haitianos que tienen sus documentos al día, a no acogerse a un plan de regularización de extranjeros anunciado por el gobierno la semana pasada.
"Si usted nació en República Dominicana y no es extranjero, no tiene que someterse a un plan de regulación y mucho menos si tiene un documento de identidad electoral o acta de nacimiento", dijo Belique a la prensa local durante su visita al lugar donde la CIDH lleva a cabo su labor.
El primer día, María Isabel Rivero, portavoz de la misión, dijo que unas 150 personas pasaron por las mesas de recepción de información, donde se presentaron más testimonios que "denuncias" sobre los efectos del fallo.
Rivero garantizó la independencia del organismo, y señaló que las supuestas presiones externas sobre la sentencia no serán tomadas en cuenta para adoptar sus conclusiones, que serán evaluadas el jueves y dadas a conocer al día siguiente.
La CIDH anunció hoy que los representantes del organismo se trasladarán mañana miércoles a otros puntos del país, con el objetivo de cubrir la mayor cantidad del territorio dominicano.
Entre las localidades a ser visitadas se encuentran San Pedro de Macorís y La Romana, en el este; Dajabón, fronteriza con Haití, y Mao, en el norte; Jimaní, también en la frontera sur con Haití, y la provincia Bahoruco, cuya ciudad principal, Neiba, fue escenario de serios incidentes derivados del asesinato de una pareja de dominicanos y de un inmigrante haitiano.
La misión de la CIDH, anunciada el mes pasado en una reunión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estará en el país hasta el próximo viernes, en atención a una invitación hecha por el propio gobierno dominicano.
Los delegados encabezados por el mexicano José Orozco Henríquez, se reunieron el lunes con el ministro dominicano de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y con otros altos funcionarios del gobierno, como el canciller en funciones, José Manuel Trullols.
Este martes, Jean Wilkens Guilliame, un inmigrante haitiano que en el 2007 denunció haber sido víctima de una golpiza por parte de agentes dominicanos de Migración, se encadenó frente a la Embajada de Haití, cerca del lugar donde trabaja la misión, para llamar la atención del organismo y conseguir justicia para su caso.
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