Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesiona a partir de hoy en en esta capital sobre el alcance de un fallo judicial que fija las condiciones para acceder a la nacionalidad dominicana.
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) local podría afectar a unos 250.000 dominicanos de ascendencia haitiana, según sectores que rechazan la sentencia.
Apenas iniciados los trabajos de la CIDH, una serie de incidentes se registraron en la sede donde se comenzaron a recibir denuncias sobre supuestas violaciones de los derechos humanos.
Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en uno de cuyos locales se reúne la comisión, tomaron momentáneamente el lugar para protestar contra la presencia de los representantes del organismo y defender la aplicación de la sentencia.
"La UASD no se puede prestar a un mamotreto contra el país", dijo a la prensa local el portavoz del Movimiento Universitario La Esperanza, Juan Ureña, en el club de profesores de la universidad.
Al sitio fueron trasladados decenas de haitianos radicados en República Dominicana, así como dominicanos hijos de padres nacidos en Haití pero sin documentos migratorios. Agentes de la policía dispersaron la manifestación y reforzaron el recinto ubicado en el Malecón de Santo Domingo.
El TC falló hace dos meses que una mujer de ascendencia haitiana, Juliana Deguis Pierre, no puede ser dominicana debido a que nació de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" y sin residencia legal, la excluye de optar por ese derecho.
La misión de La CIDH, anunciada el mes pasado en una reunión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estará en el país hasta el próximo viernes, en atención a una invitación hecho por el propio gobierno dominicano.
"El proceso se hará totalmente en privado", dijo María Isabel Rivero, portavoz de la CIDH en referencia a las denuncias que reciben los representantes del organismo.
Entre tanto, otra parte de la misión, encabezada por el presidente del organismo, el mexicano José Orozco Henríquez, se reunió en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, con el ministro dominicano de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y otros altos funcionarios del gobierno como el canciller en funciones, José Manuel Trullols.
Montalvo dijo que el próximo viernes se dará a conocer un informe conjunto sobre los resultados de las reuniones que sostengan ambas partes.
La misión debe reunirse también con el ministro de Interior y Policía, José Fadul, en la sede de la cancillería dominicana, así como con el titular de la Dirección General de Migración, José Taveras, y el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario.
Los representantes de la CIDH llegaron el pasado sábado a Santo Domingo y ya han sostenido encuentros con otros sectores de organismos civiles y de la prensa.
República Dominicana ha dado garantías de que la sentencia del TC se aplicará con estricto apego a los derechos de las personas que se sientan afectadas y sobre la base de una genuina preocupación humanitaria.
Según una encuesta difundida en mayo de este año, cerca de medio millón de personas provenientes de Haití viven en República Dominicana, la mayor comunidad extranjera residente en este país, mientras otros 244.000 son dominicanos de ascendencia haitiana.
En ejecución del fallo, el organismo electoral dominicano determinó a principios de este mes, que la mayor cantidad de nacimientos asentados por extranjeros corresponde a la nacionalidad haitiana, con 36.326 personas, de los cuales 13.672 se hicieron con documentos no válidos que podrían ser corregidos si sus portadores se acogen al fallo.
La semana pasada, el presidente dominicano, Danilo Medina, emitió el decreto que cumple el mandato del Tribunal Constitucional, al establecer los criterios que servirán para fijar el tiempo de radicación, el arraigo con la sociedad y las condiciones laborales y socioeconómicas de los extranjeros en territorio dominicano.
La sentencia ha enfrentado a Haití con República Dominicana, que la semana pasada retiró a su embajador de Puerto Príncipe luego de represalias de la Comunidad del Caribe (Caricom) contra Santo Domingo por el tema de la nacionalidad, y en medio de incidentes en la frontera entre ambos países.
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