LA PAZ, 15 abr (Xinhua) -- Los policías y militares que roben armamento y las personas que importen o reciban ilegalmente este tipo de equipos recibirán como pena máxima 30 años de cárcel sin derecho a indulto, de acuerdo con el proyecto de ley de Control de Armas difundido hoy en la Cámara Alta.
El presidente de la Comisión de Gobierno, René Martínez, informó que el Senado boliviano prevé la discusión y votación de esta medida legal esta misma semana.
Este proyecto de ley establece que para el delito de hurto o robo de armas de fuego de almacenes y armerías autorizadas, la sanción será de cuatro y ocho años, pero la pena será agravada en la mitad del máximo si las armas fueron utilizadas para la comisión de otro delito.
Además, se agregó que la pena será de 30 años de presidio, sin derecho a indulto, si el delito es cometido por personal militar o policial.
La propuesta establece sanciones contra la persona que ilícitamente importe, exporte, adquiera, transfiera, transporte, comercialice o reciba armas de fuego, explosivos y municiones, quien será condenada con penas de cárcel de 10 a 15 años.
La sentencia se agrava a 25 años de privación de libertad si el infractor es integrante o participe de la estructura de una organización criminal dedicada a este ilícito, en cuyo caso la pena será de 30 años de prisión.
"Va a tener los niveles de clasificación desde toda la cadena productiva sobre el tema de armas, entendiendo que la instancia mayor, suprema, reguladora sobre política de armas es el nivel nacional", indicó Martínez.
"Los titulares ministeriales (Defensa y Gobierno) subordinan a dos instituciones importantes que en materia constitucional están en el resguardo del orden interno así como la integridad y la soberanía territorial", explicó el senador.
El proyecto de ley agregó que los ministerios del área subordinarán a las instancias competentes para regular el armamento que portarán los uniformados castrenses y de las fuerzas del orden, además busca contrarrestar el tráfico y negocio de pertrechos ligado al narcotráfico y otros ilícitos.
Martínez agregó que las características de la norma buscan precautelar no solo a las armas de fuego, sino municiones y explosivos, como complemento a los decretos supremos emitidos hasta el momento. Asimismo, generará nuevos tipos penales.
Por su parte, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, explicó que el objetivo del proyecto es garantizar la convivencia pacífica y la vida de las personas; prevenir, luchar y sancionar los delitos relacionados al tráfico ilícito de armas de fuego y otros que pongan en riesgo la seguridad ciudadana, así como también los delitos contra la seguridad y la defensa del Estado.
El ministro Saavedra detalló que esta propuesta de normativa tipifica 14 delitos que están relacionados precisamente con la fabricación, importación, exportación, tráfico y tenencia de armamento en el ámbito de lo ilegal.
Otra de las particularidades de este proyecto de ley es la referida a quiénes tendrán la misión de tener el control, registro y la facultad de otorgar permisos para portar armas.
Hasta ahora es una tarea encomendada a la Policía Boliviana, a través de una repartición específica de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
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