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ESPECIAL: Uruguay debate cómo alejar a los violentos del fútbol

Actualizado a las 14/04/2013 - 10:00
MONTEVIDEO, 13 abr (Xinhua) -- La violencia salpica una y otra vez al fútbol uruguayo que no aplica el derecho de admisión en sus estadios porque los clubes, la policía y la justicia están lejos de alcanzar un acuerdo.
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Por Gerardo Laborde

MONTEVIDEO, 13 abr (Xinhua) -- La violencia salpica una y otra vez al fútbol uruguayo que no aplica el derecho de admisión en sus estadios porque los clubes, la policía y la justicia están lejos de alcanzar un acuerdo.

El ministerio del Interior consideró que son los clubes los encargados de garantizar la seguridad mientras los dirigentes tienen miedo a los métodos violentos de algunos hinchas.

Ernesto Irurueta, director nacional de Deportes, dijo a Xinhua que el fútbol "es un caldo de cultivo muy generoso para que el clima de violencia se desarrolle porque hay pasión, multitud, anonimato y competencia".

"Aquí hay dificultades a la hora de ponerse de acuerdo, no en el papel sino de los hechos", evaluó esta semana Irurueta.

Así aludió a las leyes de prevención y los convenios firmados entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la policía que han entrado en desuso.

PASADO Y PRESENTE

El tema volvió al debate público este año tras una serie de hechos de violencia que se saldaron sin víctimas.

En un forcejeo al final de un clásico amistoso entre Peñarol y Nacional, en enero, el arquero del segundo equipo, Jorge Bava, golpeó a un policía antichoque y fue procesado sin prisión.

Para calmar los ánimos, la AUF suspendió el clásico amistoso previsto para una semana después.

Luego, llegaron los incidentes entre aficionados de Peñarol y el argentino Vélez en un partido por Copa Libertadores en Montevideo que dañaron una parte del estadio Centenario.

Semanas atrás, la barrabrava de Nacional le increpó a sus jugadores falta de entrega en un partido, un incidente que terminó a los puñetazos.

Y ese mismo fin de semana de marzo el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, reaccionó a la críticas de un aficionado en la tribuna propinándole un golpe de puño.

En las últimas dos décadas choques entre barrabravas (aficionados violentos) arrojaron al menos 5 muertos que llevaron varias veces a la suspensión del fútbol por algunas semanas.

Una ley prevé que los aficionados violentos concurran a dependencias policiales cuando jueguen sus equipos pero salvo excepciones no se ha aplicado.

La instalación de cámaras de vigilancia en todos los escenarios deportivos tampoco fue útil pues cuando se precisaron muchas no funcionaban.

En la década pasada también hubo un compromiso de mayor colaboración de los clubes para controlar a sus barras pero hoy está en discusión.

Es que los referentes de seguridad de los clubes también lo son de las hinchadas.

Algunas de estas medidas rigen desde 2006 tras un periodo de reflexión ante el asesinato de un aficionado.

"TENEMOS MIEDO"

El vicepresidente de la AUF reveló un secreto a voces al decir que los dirigentes de los clubes muchas veces se sienten atemorizados por los hinchas.

"Vivimos en determinados barrios y de los que estamos hablando de denunciar son más que hinchas violentos", afirmó Miguel Sejas, quien presidió por años el club Cerro.

"En muchos casos, son delincuentes que viven en el mundo del delito, y nosotros tenemos nuestra familia y nuestra función. Los dirigentes de fútbol somos honorarios", recordó en la comisión de Deportes de Diputados.

De esa manera, rechazó que el ministerio del Interior no quiera instrumentar el derecho de admisión prohibiéndole el ingreso a los estadios a los violentos.

El presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, apoyó a su segundo y denunció que hay violentos que van al fútbol "para hacer otro tipo de negocios" y "es complicado para el dirigente identificarlo".

A su entender, "Interior tiene que contemplar la seguridad en los espectáculos públicos y es fundamental tener un derecho de admisión".

FALTA FLEXIBILIDAD POLICIAL

"A los dirigentes les cuesta ejercer ese derecho porque, digan lo que digan,tienen miedo, porque saben quiénes son y no se animan a decirlo o denunciarlo", aseveró el ministro del Interior Eduardo Bonomi.

Los uniformados no tienen esa responsabilidad asegura el ministerio.

"O lo asume el dirigente o lo asume la justicia diciendo que tales personas no pueden entrar. Entonces la policía hace cumplir esa resolución", indicó Bonomi.

Y reafirmó que "la policía no puede decir este entra y este no".

En el mismo sentido, la ministra de Deportes Liliam Kechichián dijo que para el gobierno "es evidente que es una actividad organizada por privados y que el derecho de admisión está en manos de los privados".

No obstante, consideró que existe disposición "a contribuir en todo lo que sea necesario para que ello pueda concretarse de la mejor manera".

Consultado por Xinhua, Irurueta, director de Deportes del ministerio, hizo hincapié en que "el único camino" es "seguir trabajando sin perder de vista que esto es de largo aliento".

"Hay que ir lo más rápido que se pueda pero paso a paso y tratar de conseguir resultados objetivos aunque sean pequeños para que la población visualice que esto es posible", concluyó.

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