El ministerio de Salud Pública de Uruguay estimó que cada mes se efectúan entre 300 y 400 abortos tras la entrada en vigencia en diciembre último de la ley que despenaliza esa práctica.
Al dar a conocer esas cifras preliminares, el viceministro Leonel Briozzo aclaró este martes a la radio local Universal que todavía no se divulgarán los datos definitivos.
La norma admite la interrupción del embarazo por sola voluntad de la mujer siempre que realice una consulta con un equipo interdisciplinario (ginecólogo, un psicólogo y asistente social) y luego de un periodo de cinco días de reflexión.
Briozzo reveló que de las mujeres que manifestaron en un centro de salud su intención de practicarse un aborto "el 20 por ciento dio marcha atrás en la etapa de reflexión".
Consultado sobre el referéndum que promueven legisladores de la oposición para derogar la ley, opinó que "no es la mejor manera de arreglar esto" y pidió "no introducir elementos mentirosos en el debate".
"La despenalización del aborto disminuye la mortalidad materna y el número de abortos", argumentó el jerarca entrevistado en la emisora capitalina.
Legisladores uruguayos entregaron la semana pasada a la Corte Electoral miles de firmas para convocar a una consulta popular que habilite luego un referéndum.
Según voceros de la comisión pro referéndum, se presentaron 67.581 papeletas con rúbricas, más del mínimo de 54.000 firmas -el 2 por ciento del padrón electoral- que exige la Constitución para ese procedimiento.
Si la Corte verifica la autenticidad de las rúbricas convocará a una consulta con participación voluntaria donde la iniciativa debe recoger el 25 por ciento de adhesiones, paso indispensable para un referéndum con voto obligatorio.
Varias encuestas señalan que 60 por ciento de los uruguayos se muestra favorable a despenalizar el aborto y 32 por ciento en contra.
Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
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