Ante la serie de demandas por una ley de inversiones para garantizar capitales en Bolivia, el gobierno promueve una medida legal que permite a las empresas el aprovechamiento de los recursos naturales siempre que se comprometan a reinvertir las utilidades en el país andino amazónico.
Además, si existe esa garantía, el Estado boliviano podrá suscribir contratos de explotación de recursos naturales en Bolivia.
Esta medida está contemplada en el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones propuesto por el gobierno del presidente Evo Morales, que pretende garantizar la seguridad jurídica al inversor y al Estado.
El parágrafo II del artículo 15 de esta medida planteada a los empresarios bolivianos dispone que los "inversionistas extranjeros que suscriban contratos de asociación para el aprovechamiento de recursos naturales deben cumplir con lo establecido en el artículo 351 de la Constitución".
La Carta Magna señala que el Estado boliviano podrá firmar dichos contratos con "personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamientos de los recursos naturales, debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país".
Para el gobierno, el proyecto de ley está sujeto a las disposiciones establecidas en la Constitución.
Sobre esta posición, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, explicó que Bolivia necesita una norma que regule las inversiones y, al mismo tiempo, dé un tratamiento especial e incentivos específicos en áreas como la industrialización de recursos naturales, transferencia de tecnología y el desarrollo de las regiones, todo sujeto a la Constitución vigente.
Sin embargo, aclaró que serán los empresarios los que hagan llegar sus observaciones para mejorar la norma, una vez que hagan su análisis.
Las 19 expropiaciones de acciones privadas ejecutadas en Bolivia en los últimos siete años arrancaron la incertidumbre en el contexto empresarial.
En Bolivia, con las denominadas capitalización y privatización (1994-2005), antes del gobierno de Evo Morales (enero de 2006), se entregaba la administración de los recursos naturales y empresas estratégicas estatales a manos privadas a precios ínfimos, generando pocos réditos para los bolivianos.
Con Morales se inició desde mayo de 2006 el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, electricidad, empresas estratégicas, mineras, entre otros.
NACIONALIZACIONES - INDUSTRIALIZACION
La medida legal también establece que todas las empresas que fueron nacionalizadas durante la actual administración gubernamental no podrán volver a ser privatizadas en el futuro.
El parágrafo I, artículo 17 de la referida norma, señala que los activos, las inversiones y las actividades resultantes de los procesos de nacionalización realizados por el Estado para la recuperación de los recursos naturales y su uso, así como de los sectores estratégicos, no podrán ser privatizados bajo ninguna modalidad.
El proyecto de Ley de Promoción de Inversiones establece incentivos específicos para las inversiones preferentes, es decir para aquellas que se destinen a la industrialización de recursos naturales y de cambio de la matriz energética.
Para beneficiarse con los incentivos, las inversiones que ya fueron realizadas al amparo de la Ley 1182, bajo la modalidad de riesgo compartido u otras, deberán migrar a las modalidades de la nueva norma.
El artículo 4 precisa que los incentivos son los beneficios o ventajas fiscales o financieras temporales otorgadas por el Estado, así como las políticas de promoción que incentiven la inversión en el país.
El parágrafo III del artículo 22 señala que las medidas destinadas a incentivar o a beneficiar la inversión tendrán una vigencia que podrá ir de uno a 20 años.
ANALISTAS Y POLITICOS
Sobre la obligatoriedad de la reinversión de las utilidades en el país, expertos y políticos tienen puntos de vistas distintos, aunque destacan la decisión de garantizar las inversiones, consideran que ese artículo puede ser una traba.
Según el analista económico Luis Ballivián, si la Constitución establece este extremo (reinversión), obviarlo sería una ilegalidad, pero por otro lado considera que este tema será una "traba" para los inversionistas.
"Es una traba lo establecido en la Constitución, porque afecta la atracción de inversiones, porque los empresarios pensarán dos veces antes de invertir en el país si están obligados a reinvertir sus ganancias. Uno debe tener el derecho libre de invertir donde quiera sus ganancias", afirmó el economista.
Por su parte, el diputado opositor de CN, Franz Choque, lamentó que se utilice sólo en discurso la apertura y garantías a la seguridad jurídica, pero por el otro lado siga habiendo imposiciones que perjudican a Bolivia en la atracción de recursos externos.
Sin embargo, reconoció como importante la norma, de vigencia temporal, que autoriza al Estado a dar incentivos a las inversiones.
En tanto, el senador oficialista Félix Bolívar dijo que lo fundamental para el Gobierno y los asambleístas es que están obligados a cumplir lo que establece la Carta Magna, pues lo contrario sería ser sujeto de cualquier juicio y hasta nulidad.
El presidente de los privados, Daniel Sánchez, manifestó que contar con un marco legal de inversiones es "importante", sobre el cual deberán regirse las leyes de hidrocarburos, minería y los códigos tributario y laboral que se proyecta aprobar.
"Es una norma corta, razonable y tiene buena base. Quizá hay que revisar algunos artículos en la redacción del proyecto de ley y hay que profundizar en algunos temas", señaló.
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