El presidente Felipe Calderón deja a un país con cambios en materia de seguridad pública, ya que durante su gobierno, que concluye el próximo 1 de diciembre, se sentaron las bases para la lucha contra la delincuencia organizada.
Desde los primeros días de su mandato, el gobernante mexicano trazó su estrategia de seguridad y el 11 de diciembre de 2006 quedó determinada y sellada ese combate con el anuncio y aplicación del "Operativo Conjunto Michoacán".
Ese día, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció el despliegue de 7.000 efectivos del ejército mexicano a ese estado en el suroeste del país, la tierra natal del mandatario.
La operación marcó al gobierno de Calderón de manera clara y definitiva, ya que significó el inicio del gobierno federal para combatir a los 13 principales cárteles de la droga, entre éstos los de Sinaloa, Tijuana, Los Zetas, Juárez, La Familia Michoacana, del Golfo, Los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, del Milenio y La Nueva Generación.
En los primeros dos años de su gobierno Calderón organizó operativos para desplegar a elementos de las Fuerzas Armadas, mejoró las condiciones laborales de los integrantes de los cuepos de seguridad e implantó programas como la Plataforma México para reforzar la lucha contra el crimen.
En ese lapso se dieron los primeros golpes al crimen organizado, se permitió la extradición masiva de criminales de alta peligrosidad y hubo una colaboración más estrecha en materia anticrimen con gobiernos de otros países.
Calderón también propuso una serie de reformas en materia penal, entre éstas un nuevo Código Penal único para toda la República mexicana, la autorización a la Pocuraduría General de la República (PGR, fiscalía) para efectuar espionaje telefónico y la posibilidad de redadas sin una orden judicial.
En ese primer año de gobierno, el presidente aumentó el salario a los militares, puso en marcha la modernización de la policía mediante mecanismos tecnológicos de punta, como Plataforma México y el programa Preventivo Limpiemos México.
Además del "Operativo Conjunto Michoacán", Calderón Hinojosa envió al ejército mexicano a operaciones especiales en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, y en los estados de Nuevo León (norte) y Guerrero (sur), con lo cual comenzó la era de la lucha antinarco con grandes pelotones de soldados.
El 22 de enero de 2007, durante la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Calderón dijo que México demanda corresponsabilidad para salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos.
"Para ganar la guerra contra la delincuencia es indispensable trabajar unidos, más allá de nuestras diferencias, más allmá de cualquier bandera partidista y de todo interés particular", afrimó entonces.
Ese día, ante 29 de los 32 gobernadores del país y representantes de la sociedad civil, el mandatario señaló que "la sociedad espera resultados tangibles", ante lo cual anunció el reforzamiento de las operaciones en Michoacán, Guerrero, Tijuana, Chihuahua, Sinaloa y Durango.
En ese acto el presidente delineó los ejes estratégicos de la cruzada nacional contra la delincuencia, con la integración del sistema de interconexión Plataforma México, en los cuales se concentró la información de delitos de municipios, estados y la federación para generar inteligencia.
Otras medidas que aplicó en materia de seguridad pública fueron la evaluación y exámenes de control y confianza a los policías; la formación y capacitación de agentes bajo estándares internacionales; la instauración de un servicio civil de carrera, así como la adquisición de una infraestructura técnica y de operación suficiente.
También creó instancias de coordinación para realizar operaciones conjuntas contra la delincuencia organizada, estableció como una regla básica el combate al narcomenudeo y trabajó en las carreteras del país para garantizar una transportación segura de pasajeros y mercancías.
Calderón permitió la extradición de más de una docena de narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad, entre ellos Osiel Cárdenas Guillén, principal líder del cártel del Golfo; Ismael Higuera, alias "El Mayel", lugarteniente de los hermanos Arellano Félix; y Héctor Luis "El Güero" Palma, ex cabecilla del cártel de Sinaloa.
En la lucha contra el narcotráfico durante los seis años de gobierno se logró la detención o abatimiento de importantes capos, entre ellos Ignacio "Nacho" Coronel, uno de los líderes más poderosos del cártel de Sinaloa.
A la lista se agregan Arturo Beltrán Leyva, líder y fundador del cártel de los Beltrán Leyva; a Antonio Cárdenas Guillén, del cártel del Golfo; y a Nazario Moreno, quien fuera uno de los líderes del cártel de La Familia Michoacana.
Otros capos detenidos en este gobierno son Edgar Vadez Villarreal alias "La Barbie"; Jesús Méndes Vargas alias "El Chango"; José Antonio Acosta Hernández alias "El Diego", detenido en julio de 2011 en la ciudad de Chihuahua y acusado de mandar a asesinar a más de 1.500 personas y de ordenar la explosión de un coche-bomba en Ciudad Juárez.
También Osvaldo García Montoya alias "El Compayito", líder de la agrupación criminal "La Mano con Ojos", que opera en el estado de México (centro).
El gobierno de Calderón deja así un país con cambios en materia de seguridad y con importantes decomisos de drogas, de armas y medios de transportes utilizados por los narcotraficantes.
Los decomisos de marihuana en el gobierno que está por concluir sumaron 10 millones 426.758 toneladas, mientras que los de cocaína alcanzaron 37.968 kilogramos, los de metanfetaminas 77.607 kilogramos, los de pastillas psicotrópicas 13 millones 579.000 y más de 181 millones de dólares confiscados.
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