La población cubana abonará nuevos pagos impositivos a partir de enero de 2013, cuando entrará en vigor una novedosa Ley del Sistema Tributario acorde con las reformas económicas del país y la apertura a la iniciativa privada.
Aprobada por el parlamento el 23 de julio último y publicada el miércoles pasado en la Gaceta Oficial, la Ley 113 del Sistema Tributario prevé todo lo referente al pago de impuestos, tasas y contribuciones al presupuesto del Estado, tanto por personas naturales como jurídicas.
Esta normativa establece de manera general 19 impuestos, tres contribuciones e igual número de tasas, para un total de 25 tributos, siete más que la anterior ley aprobada en 1994.
Los nuevos impuestos recaen sobre ingresos personales, utilidades, ventas, propiedad de viviendas, utilización de fuerza de trabajo, transporte terrestre y propiedad o posesión de tierras agrícolas,entre otros.
La legislación puntualiza las personas obligadas a su pago, los hechos y las bases imponibles, así como los tipos impositivos o cuantías a abonar.
También determina que sectores como el agropecuario tengan una menor carga tributaria, y aplicar el impuesto por la Ociosidad de Tierras Agrícolas, ambas medidas encaminadas a estimular las producciones agropecuarias.
Los poseedores de tierras en usufructo -más de 174.000- tendrán una exoneración de dos años.
Además, se aplicarán escalas progresivas según ingresos a los tributos de los trabajadores autónomos, quienes serán exonerados por tres meses mientras establecen su negocio, para promover el sector privado.
Para los trabajadores "por cuenta propia" o "cuentapropistas", así como para los arrendadores de viviendas, se fijó un impuesto del 10 por ciento sobre las ventas.
Las cooperativas no agrícolas, aún en formación, deberán pagar por sus utilidades un impuesto progresivo del 10 al 45 por ciento, con un mínimo no imponible de 10.000 pesos (460 dólares) anuales.
El gobierno calcula que habrá más de 200 categorías de cooperativas autorizadas, desde pesqueras y de servicios hasta de producción de alimentos, que junto con las empresas estatales serán la base del desarrollo nacional.
La Ley mantiene los impuestos sobre los salarios o la propiedad de las viviendas, en tanto favorece la construcción de inmuebles "por esfuerzo propio" al darle un "período de gracia" de cinco años a los propietarios de esas casas para pagar impuestos por la propiedad de sus domicilios.
La normativa contempla, por otra parte, estímulos para los cumplidores y sanciones para quienes violen la contribución al fisco.
El propósito de esta Ley es respaldar el gasto público en los niveles planificados y mantener un adecuado equilibrio financiero, asícomo redistribuir los ingresos percibidos por sectores con mayor capacidad económica, con vistas a proteger a los de menores posibilidades.
Al presentar el proyecto de ley en el órgano legislativo a mediados de este año, la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, explicó que para la elaboración del documento se estudiaron sistemas tributarios de más de 20 países, así como actuales tendencias impositivas.
Tras subrayar que los preceptos del texto "están más acordes con las circunstancias actuales", afirmó que su aprobación "responde a la necesidad de potenciar la eficiencia y la productividad".
El vicepresidente del Consejo de Ministros y coordinador de las reformas económicas en el país, Marino Murillo, admitió que los cubanos no están "acostumbrados" a abonar por ingresos personales, pero subrayó que tendrán que hacerlo en algún momento y "la ley lo tiene previsto".
Funcionarios y especialistas locales esperan que la nueva ley contribuya a un "mejor" funcionamiento de la economía del país, como parte de las transformaciones para "actualizar" el modelo socialista de la isla.
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