El gobierno de Bolivia elabora una iniciativa de "Ley de Control de Armas" que prevé imponer penas de hasta 30 años de prisión para militares y policías traficantes, informó hoy el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
"La nueva medida legal plantea incluir en el Código Penal el delito de tráfico ilegal de armas y castigarlo con entre 10 y 15 años de prisión si son civiles, y de 30 años sin derecho a indulto si fueran militares o policías", dijo el ministro a la prensa estatal.
Añadió que la cartera a su cargo y el Ministerio de Gobierno, junto a las Fuerzas Armadas y la Policía, trabajan en este proyecto que será presentado en próximos días a la Asamblea Legislativa.
La iniciativa, en etapa de redacción, además prevé la ejecución de un plan de "desarme voluntario anónimo", para las personas que tienen en su poder un arma de uso militar, según la versión de Saavedra.
El funcionario explicó que el Ministerio de Defensa se encargará del control de ingreso y salida de armas del país y la Policía del registro correspondiente.
La iniciativa otorga al Ministerio de Defensa un "monopolio central del control de la importación, exportación, traslado y tránsito de armas de fuego", mientras que la Policía se hará cargo del registro y entrega de licencias para las armas de uso civil.
Todas las disposiciones de la norma propuesta deberán ser cumplidas por bolivianos y por extranjeros, incluidas las "misiones diplomáticas", advirtió Saavedra.
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