Cientos de personas marcharon el martes hasta el Congreso Nacional para protestar contra un proyecto de reforma tributaria con el que el gobierno de República Dominicana pretende sanear las finanzas públicas y cubrir un déficit fiscal de 187.000 millones de pesos (4.734 millones de dólares).
La marcha llegó casi una hora antes de que la Cámara de Diputados iniciara la sesión en la que terminó por dar luz verde a la iniciativa, aunque dejó para este jueves su aprobación final, una semana después de haber contado con el respaldo del Senado.
María Teresa Cabrera, portavoz del movimiento Justicia Fiscal, que convocó a la actividad, dijo que volverán al Congreso este jueves para seguir protestando contra el proyecto.
Al final de la manifestación, las personas que se congregaron en las afueras del Congreso fueron dispersados con gas pimienta cuando los diputados intentaron dejar el recinto, pero no se reportaron heridos.
Las protestas se extendieron a otras ciudades del país, donde ocurrieron enfrentamientos aislados entre manifestantes y policías, aunque las autoridades no reportaron más incidentes violentos mientras las actividades se desarrollaron de manera parcial.
"El gobierno no ha establecido un pacto fiscal, está imponiendo una reforma", dijo Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y uno de los principales dirigentes de la oposición.
A través del nuevo marco tributario, las autoridades esperan recaudar unos 46.000 millones de pesos (1.164 millones de dólares).
Además, el gobierno contempla declarar una amnistía fiscal este año, conforme entre en vigencia el controvertido proyecto.
Las protestas ocurrieron el mismo día en que los integrantes de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunieron con autoridades financieras de República Dominicana, en el inicio de su segunda visita oficial al país para evaluar la situación actual de la economía nacional.
La visita se produce en el marco del artículo IV del convenio constitutivo del FMI, concerniente a la evaluación de la economía a la que cada país miembro debe someterse anualmente, y en la antesala de un acuerdo post-monitoreo para vigilar el desempeño económico local y que no implica desembolsos.
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