LA PAZ, 22 sep (Xinhua) -- De los procesos judiciales por violencia sexual contra menores de edad en Bolivia apenas el 4 por ciento llega a sentencia, según datos que están contemplados en el informe "Violencia sexual contra las mujeres", informó hoy la Defensoría del Pueblo.
La delegada adjunta de Programas y Actuaciones Especiales de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico, afirmó que la mayor parte de las familias desisten de seguir los casos por el costo excesivo que tienen estos procesos judiciales, y que lamentablemente "no hay asistencia estatal para apoyar a estos procesos".
El informe sobre agresión sexual de la Defensoría detalla que los casos quedan en la impunidad, razón que llevó a que la institución haga recomendaciones para que los administradores de justicia no revictimicen a las menores y mujeres que sufren vejaciones, además de encarar una política sostenida de Estado.
"Presentamos un informe de la Defensoría. El dato que debe preocuparnos es que los casos quedan en la impunidad, no se sancionan, sólo 4 por ciento han llegado a sentencia. Tiene que haber una política sostenida del Estado para luchar contra estas injusticias", señaló.
Sillerico dijo que los denunciantes abandonan el seguimiento de un caso por el costo de llevar adelante el proceso, o porque se concilia la acusación en desmedro de las afectadas.
También manifestó que la normativa aprobada en el país no cuenta con presupuesto y queda inaplicable.
Este informe presentado por la Defensoría del Pueblo establece que siete de cada 10 mujeres bolivianas sufrieron alguna vez en su vida algún tipo de violencia sexual, desde acoso, abusos deshonestos, estupro y violaciones.
El documento señala que anualmente se registran más de 14.000 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, de las cuales 60 por ciento suceden en los hogares de las víctimas.
El estudio fue realizado entre 2011 y 2012 en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Pando.
"Aunque tiene un enfoque integral sobre las causas y los efectos, hace hincapié en el tratamiento que se le da a las denuncias y los procesos judiciales iniciados por las víctimas, en la mayor parte los casos solas y, en otros, apoyadas por entidades de derechos humanos, entre ellas nuestra propia institución", según el informe.
Los problemas que enfrentan las víctimas para que sus procesos avancen son el cambio de investigadores o fiscales, limitado número de forenses, falta de gratuidad, discriminación en razón de género, actitudes machistas por parte de jueces y fiscales, desconocimiento de procedimientos judiciales, falta de medios técnicos y periciales para la recolección de pruebas.
Los casos son abandonados porque las víctimas temen represalias o porque los procesos son largos y revictimizadores, los abogados transan con los agresores, algunos fiscales y jueces interponen sus oficios en favor de los agresores o las víctimas no están lo suficientemente preparadas como para afrontar el proceso.
A estos datos se suman los de una investigación realizada por la administración de justicia en el país, que señala que del 100 por ciento de los expedientes de casos revisados en materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2 por ciento fue rechazado por los fiscales por falta de pruebas, y de éste el 41 por ciento corresponde a delitos sexuales.
De los casos que llegan a estrados judiciales sólo el 0,04 por ciento concluye con una sentencia.
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