SANTIAGO, 8 mar (Xinhua) -- El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) cuestionó hoy los programas oficiales de transferencias condicionadas de ingresos a mujeres en América Latinaos, al señalar que los bonos presentan a la mujer como madre, no como persona con derecho a la protección social.
Esta es la conclusión del informe del OIG, titulado "Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres", divulgado este viernes en Santiago de Chile con motivo del Día Internacional de la Mujer.
El observatorio se refirió a los bonos que algunos gobiernos han entregando en la región para apoyar la educación y salud de los niños y niñas a través de sus madres, con la condición de que cumplan sus deberes escolares y los chequeos médicos correspondientes, entre ellos los de México y Brasil.
El OIG es producto del grupo interinstitucional constituido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Varios de estos programas de transferencias combinan un aporte monetario con la exigencia de contraprestaciones familiares y, en algunos casos, cuentan con un sistema de sanciones ante incumplimientos de los compromisos contraídos (asistencia escolar y control de salud de los niños, niñas y adolescentes), destacó el organismo.
Estos programas, explicó, representan para muchas mujeres la primera fuente de ingreso estable que han tenido, una retribución mensual que de otro modo carecerían.
Además, este beneficio monetario es considerado por las mujeres como propio y, en este sentido, consolida su posición en los procesos de toma de decisión en el hogar.
Sin embargo, el estudio destaca que "los bonos presentan a la mujer como madre, no como persona con derecho propio a la protección social, y refuerzan la idea socialmente construida de que el cuidado es una responsabilidad natural de las mujeres".
Según el documento de la OIG, "este tipo de política social conlleva una visión maternalista que considera a las madres como corresponsables, junto con el Estado, en la consecución de ciertos objetivos sociales, como la superación de la pobreza".
Además se antepone la responsabilidad individual de demostrar la asistencia escolar y los controles de salud para conseguir los bonos a la responsabilidad del Estado de garantizar los servicios sociales, que aseguren derechos humanos como son la educación y la salud de los niños, niñas y adolescentes.
El OIG indica que los bonos "conllevan para las mujeres exigencias suplementarias en cuanto al uso del tiempo. El cumplimiento de las condicionalidades exige una mayor dedicación por parte de las mujeres, que deben tramitar los certificados de asistencia a la escuela y los controles de salud de sus hijos".
El motivo de finalización de la transferencia es que los hijos e hijas hayan cumplido la edad máxima permitida para participar en el programa, lo cual "puede ser problemático para las mujeres, que pueden pasar años recibiendo los bonos sin poder generar vías alternativas de participación económica", agregó.
El observatorio recomienda que estos programas no reproduzcan la subordinación económica de las mujeres, como abandonar toda visión maternalista de la política social, revisarlos para que las transferencias contribuyan a una mayor autonomía de las mujeres y contribuir con ellos a modificar los roles tradicionales de género.
También examina los avances logrados en cada uno de los indicadores que analiza el observatorio, correspondientes a la autonomía física, económica y en la toma de decisiones.
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