BEIJING, 23 sep (Xinhua) -- El caso de Bo Xilai siguió los principios básicos legales y se puede considerar un ejemplo de procedimiento legal, se afirma en el Diario Legal, el periódico oficial de la Comisión de Asuntos Políticos y Legales del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh).
Tras un juicio celebrado entre el 22 y el 26 de agosto pasados, Bo Xilai, antiguo secretario del Comité Municipal del PCCh de la municipalidad de Chongqing y ex miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh, fue sentenciado a cadena perpetua ayer domingo acusado de cohecho, malversación y abuso de poder.
El juicio público mostró justicia procesal, al tiempo que el veredicto abierto puso de manifiesto una justicia sustantiva de acuerdo con la ley, se dice en el editorial publicado hoy lunes en el rotativo.
Durante el juicio, el Tribunal Popular Intermedio de Jinan, en la provincia oriental de Shandong, acató de manera estricta los procedimientos legales estipulados por la recientemente enmendada Ley de Procedimiento Criminal, lo que permitió a la fiscalía y a la defensa debatir a fondo el caso.
El juicio se emitió en directo a través de un servicio de microblog similar a Twitter, una decisión sin precedentes que ha recibido amplios elogios por parte del público tanto dentro como fuera del país, de acuerdo con la publicación.
Además, los hechos del caso estaban claros, una de las condiciones previas junto con unas pruebas sólidas y suficientes para un veredicto de culpabilidad.
Aunque el acusado retiró su confesión durante el proceso, no pudo justificar las razones para ello, y su explicación se contradijo con las evidencias.
El juicio y el veredicto siguieron el principio de legalidad, lo que significa que no es posible cometer un delito ni dictar una sentencia si no es bajo el amparo de las correspondientes leyes, según el texto.
Asimismo, tanto el juicio como el veredicto abogan por el principio de que responsabilidad y castigo deben estar de acuerdo con el crimen, según el comentario, en que se añade que al tribunal trató el caso en base a los hechos y la ley y que se rigió por dicho principio a la hora de emitir la sentencia.
El caso demuestra que en China, país socialista que se rige por el derecho penal, todo el mundo es igual ante la ley. No existen ciudadanos especiales, no importa lo políticamente poderoso que sea una persona o lo alta que sea su posición, concluye el editorial.
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