(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – Expira el tiempo que impide a búlgaros y rumanos desplazarse en busca de empleo por toda la Unión Europea (UE), como ciudadanos comunitarios con plenos derechos, y el Gobierno británico ha lanzado ya una campaña para intentar disuadir a unos y otros y evitar una oleada migratoria similar a la que tuvo que enfrentar en 2004 con la masiva ampliación del bloque.
Con 11 meses por delante y sin posibilidad de adoptar ninguna restricción legal, Londres estudia aprobar medidas como limitar los derechos sociales de los potenciales inmigrantes y el acceso a las ayudas públicas y no duda tampoco en cargar contra su propio clima con tal de demostrar que en el Reino Unido no se vive tan bien como ellos creen.
Aunque no ha dicho públicamente la cantidad de rumanos y búlgaros que podrían llegar al país a partir de 2014, por temor a cometer el mismo error de cálculo que el Gobierno laborista de 2005, que previó unos 20.000 anuales y luego enfrentó una avalancha superior a los 100.000, el Ejecutivo del primer ministro David Cameron no oculta su preocupación y lo mejor que se le ha ocurrido hasta el momento es la campaña de disuasión que muchos medios califican como “farsa”.
La llegada de búlgaros y rumanos, señaló el ministro Eric Pickles, responsable del Gobierno Local, provocará una crisis por la falta de viviendas, mientras Theresa May, ministra del Interior, lanzó la idea de limitar el acceso de los ciudadanos de ambos países que lleguen el próximo año a los servicios públicos o las ayudas sociales. Eso significa recortar sus derechos en materia de Sanidad, de vivienda social, de subsidios para evitar “el efecto llamada”.
El Gobierno estudia también cómo conseguir el retorno a casa de los inmigrantes que no hayan encontrado trabajo en tres meses o que no tengan medios para subsistir durante seis meses, algo difícil si se tienen en cuenta las regulaciones legales vigentes de la UE.
Las restricciones, recordó El País, fueron impuestas en 2005, de cara al ingreso de Bulgaria y Rumanía en la Unión, el 1 de enero de 2007. Desde entonces sus ciudadanos pueden visitar libremente Gran Bretaña, pero necesitan un permiso especial para poder trabajar. Limitaciones similares o de otro tipo han sido aplicadas también por Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos.
La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos británica estima que entre 2004 y 2009 llegaron al Reino Unido 1,7 millones de trabajadores de los nuevos miembros, aunque muchos se volvieron enseguida y el saldo neto se estima en unos 700.000 trabajadores.
Migration Watch, organización que defiende la imposición de límites a la inmigración, estima que de 2014 a 2019 se trasladarán a Gran Bretaña 250.000 búlgaros y rumanos, a un ritmo de entre 30.000 y 70.000 al año.
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