SANTO DOMINGO, 14 abr (Xinhua) -- República Dominicana rechazó hoy la descripción "sesgada y desproporcionada" que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el país, con respecto al trato que reciben los inmigrantes del vecino Haití y la numerosa comunidad dominicana de ascendencia haitiana.
"República Dominicana tiene el firme compromiso de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas residentes en nuestro territorio, independientemente de su estatus legal o lugar de nacimiento, y el gobierno está realizando un esfuerzo serio y responsable en este sentido" , señaló la Cancillería en un comunicado.
La descripción a la que hace mención el gobierno dominicano aparece anexada a una oferta de empleo patrocinada por el Departamento de Estado, en el que la dependencia oficial denuncia la existencia de una "una discriminación generalizada y violencia xenófoba contra las personas de ascendencia haitiana, que en los casos más extremos incluyen linchamientos públicos y quema de viviendas ocupadas por personas de origen haitiano".
La información también señala que más de 250.000 personas nacidas en República Dominicana de ascendencia haitiana "están en diferentes grados de riesgo de apatridia", e indica que el gobierno dominicano ha privado históricamente los niños de ascendencia haitiana nacidos en territorio dominicano del derecho a la nacionalidad a pesar de un marco constitucional definido por el "jus soli" (derecho de suelo).
"Desde 2007, el gobierno (dominicano) ha puesto en marcha nuevas políticas que despojan de documentos de ciudadanía a las personas de ascendencia haitiana que ya los habían recibido... Una nueva Constitución, promulgada en enero de 2010, ha cambiado el marco de la nacionalidad, la creación de un orden constitucional para negar la ciudadanía a los niños nacidos en el territorio a los migrantes no residentes...", señala el documento.
En respuesta, la Cancillería reiteró la firme voluntad del Ejecutivo de honrar el Estado social y de derecho en el país, así como sus normas fundamentales, "actuando siempre en pro del bienestar de las personas".
República Dominicana se enfrentó el año pasado a críticas en defensa de una cuestionada sentencia sobre el derecho a la nacionalidad de este país, que determinó que los hijos de padres haitianos indocumentados nacidos en República Dominicana no tienen derecho a la nacionalidad de este país, por la situación irregular de sus progenitores.
El fallo también dispuso establecer la validez o nulidad de las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana, y ordenó realizar una auditoría de los registros de nacimiento desde 1929 a la fecha para identificar a todos los extranjeros inscritos en el registro civil.
El gobierno dominicano señaló hoy que en cuanto a la seguridad jurídica de las personas, tanto el actual proceso de regularización de extranjeros, como en las próximas medidas complementarias legislativas que se propone implementar, garantiza que todos los procesos se llevarán a cabo con el más estricto apego a los derechos humanos y los convenios internacionales.
"Por todo ello, rechazamos cualquier aseveración prejuiciada que ponga en duda la actuación de nuestras instituciones", señaló la Cancillería.
Las autoridades dominicanas estudian actualmente un plan para regular a los extranjeros indocumentados, incluyendo un "proceso especial de naturalización" para hijos de inmigrantes ilegales nacidos en territorio dominicano, y que fue interpretado como una futura amnistía.
Una encuesta difundida en mayo señaló que del total de extranjeros residentes en el país 458.233 nacieron en Haití, equivalente al 87,3% de la población de inmigrantes radicados en territorio dominicano.
Además, el estudio, realizado por la Oficina Nacional de Estadística con el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Unión Europea, indicó que 209.912 personas pertenecen a la población descendiente de padres haitianos.
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