SANTIAGO, 10 mar (Xinhua) -- El retorno a la presidencia de Chile de Michelle Bachelet se topa no sólo con un amplio respaldo ciudadano, tras haber sido elegida con el 63 por ciento de los votos, sino también con la presencia de grandes demandas sociales y un conglomerado de partidos de centro-izquierda que la respaldan demasiado amplio y que ya ha mostrado profundas diferencias.
Mientras Bachelet se apresta a asumir el mando este martes 11 de marzo, las presiones de las demandas sociales ya comienzan a tensar las relaciones entre sus partidarios.
No en vano, en una reciente entrevista a un medio estadounidense, Bachelet señaló que los partidos tendrán que lograr acuerdos para llevar a cabo su programa de gobierno, ya que "de lo contrario, las protestas van a detenerlo todo. La calle no puede tomar todas las decisiones", aseguró.
Al término de su primer período presidencial, entre 2006 y 2010, Bachelet contaba con una aprobación del 85 por ciento de la ciudadanía, algo más atribuible a su persona que a la alianza de partidos que la apoyaba, la Concertación, que no pudo mantenerse en el gobierno.
En marzo de 2010, Bachelet hubo de entregar el poder al derechista Sebastián Piñera, quien había derrotado a la Concertación, alianza que durante 20 años gobernó el país, tras el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1990.
Así, mientras la Concertación se rearmaba, Bachelet partía hacia ONU Mujeres en Nueva York, pero con la seria posibilidad de regresar para competir en elecciones futuras.
Su retorno en marzo de 2013 a Chile fue una noticia sabida, así como el hecho de que no tenía competidores, ni dentro de la Concertación, reconvertida en la Nueva Mayoría, ni menos en el oficialismo de derechas.
Así, Bachelet regresa este 11 de marzo no sólo con mayor apoyo ciudadano, sino con un parlamento completamente bajo su control, con partidos políticos prácticamente rendidos a su figura.
Pero no todo resulta tan fácil. Las diferencias dentro de la Nueva Mayoría comenzaron a hacerse visibles apenas triunfaron en las elecciones, y al parecer la presión ciudadana no aflojará.
Desde 2011, Piñera presenció cómo su respaldo y su gestión caían en picado debido a la aparición de los movimientos sociales, que hasta el día de hoy presionan fuertemente por múltiples demandas en un país con fuertes cifras de desigualdad.
Las protestas se iniciaron en contra de grandes proyectos hidroeléctricos que amenazaban santuarios de la naturaleza en el sur de Chile, continuaron con los estudiantes secundarios y universitarios, convertidos ahora en actores políticos, y finalmente con los habitantes de las regiones olvidadas.
Si bien las protestas estudiantiles son las que han acaparado la agenda y los titulares internacionales, también son múltiples las demandas sectoriales, que incluyen a campesinos, pescadores, habitantes de regiones aisladas o de pequeñas localidades que han salido a manifestarse, así como también las minorías étnicas y de género.
Desde el primer momento, tras regresar de su puesto en las Naciones Unidas, Bachelet hizo suya la frase "estoy convencida de que Chile cambió" al referirse a las nuevas demandas sociales y a una ciudadanía más activa.
De hecho, el programa de gobierno de Michelle Bachelet responde en gran medida a las demandas sociales, prometiendo desde una nueva Constitución, pasando por una reforma tributaria, hasta la educación (muy en línea con las ideas de los estudiantes) y la descentralización política y administrativa del país.
En paralelo, los partidos de la Nueva Mayoría se han enfrentado por las interpretaciones de dicho programa, desde los comunistas, que pretenden sacar adelante todas las reformas prometidas, hasta la más conservadora Democracia Cristiana, que ha tratado de suavizar los cambios propuestos.
Todas estas fuerzas no tardaron en chocar durante las últimas semanas, debido a la polémica por las designaciones de algunos altos funcionarios del próximo gobierno.
En particular, fueron dos casos de viceministras los que terminaron enfrentando a los partidos, las organizaciones sociales y las autoridades del nuevo gobierno.
En educación, la llegada de Claudia Peirano causó el rechazo del ala más izquierdista de la Nueva Mayoría y de los estudiantes, mientras que la Democracia Cristiana la defendía.
El problema es que Peirano, nombrada subsecretaria del Ministerio de Educación, poseía participación en una empresa que hacía negocios asesorando colegios y se había mostrado contraria a las demandas de gratuidad y de fin al lucro en los colegios.
Todo eso se contradecía con el programa de gobierno y de las mismas aspiraciones de los movimientos sociales, quienes presionaron para que Peirano saliera del gobierno. La viceministra terminó renunciando solo siete días después de ser designada y a poco más de un mes de que asumiera el poder el nuevo gobierno.
Fue reemplazada por Valentina Quiroga, socióloga que había dirigido el departamento de estudios de una organización social que ha impulsado cambios en la educación llamada Educación 2020.
Desde la Democracia Cristiana, su presidente, el senador Ignacio Walker, se mostró molesto por esta situación y por el hecho de que su partido casi quedara fuera del Ministerio de Educación.
"Me preocupa estar fuera de la foto en educación, donde más diferencias hay con la izquierda", señaló Walker días después.
Mientras que otras personas fueron cuestionadas y debieron renunciar debido a problemas legales, fue el caso de la viceministra de Defensa, Carolina Echeverría, el que desató nuevamente el enfrentamiento entre los distintos actores.
Echeverría, muy cercana y leal a Bachelet, fue cuestionada debido a que su padre, un militar retirado, está acusado de haber participado en las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Además, se le acusó de presionar a exmilitares torturados por no participar en el golpe de Estado de 1973 a que no emprendieran acciones legales si querían mantener sus beneficios de jubilación.
A pesar de que Bachelet la apoyó en su puesto, al igual que diversos políticos, la presión ciudadana, de las organizaciones de derechos humanos y de algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría fue más fuerte y Echeverría renunció cuatro días antes de su llegada al gobierno.
Sin duda, la cuestión de los derechos humanos sigue pesando en Chile, con una Bachelet que también fue víctima de atropellos y cuyo padre murió torturado, así como las miles de personas que permanecen desaparecidas.
Pero esto también demuestra que la ciudadanía es activa al escrutar a las futuras autoridades, contando con la participación de medios de comunicación alternativos y las nuevas tecnologías de la información que permiten sacar a la luz el pasado de las figuras políticas.
Por ahora, Bachelet se apresta a asumir el cargo este 11 de marzo dando a conocer una agenda de los primeros 100 días donde incluye muchas de las respuestas a las demandas, aunque otras como la nueva Constitución quedaron postergadas.
Mientras, los movimientos sociales siguen activos, con protestas en la pequeña ciudad de Curicó por el incumplimiento en la construcción de un Hospital y la reactivación del movimiento estudiantil luego del fin del período de vacaciones.
De hecho, el llamamiento a una gran movilización para este 22 de marzo, "La Marcha de Todas las Marchas", donde se pretende la participación de todos los sectores, puede ser la primera prueba para el entrante gobierno.
Mientras, los partidos, más preocupados de la instalación y el reparto de cargos, están pidiendo que se les deje gobernar.
De todos modos, las palabras de la diputada electa Camila Vallejo, ex líder estudiantil y militante comunista, resuenan en la nueva administración al asegurar que "tendremos un pie en el gobierno y otro en las manifestaciones callejeras".
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