Por Juan Limachi
LIMA, 26 ene (Xinhua)-- Organizaciones sociales rechazaron hoy la decisión del Ministerio Público (MP) de Perú de no acusar penalmente al ex presidente Alberto Fujimori y sus colaboradores en el caso de esterilizaciones forzadas que se cometieron durante su gobierno (1990-2000) contra al menos 300.000 mujeres, indígenas y pobres.
El representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), Sigfredo Florián, consideró que esta decisión del MP constituye una violación a los derechos de las mujeres violentadas por la práctica el régimen fujimorista, que fue política de Estado.
Según el jurista, esta resolución en primera instancia adoptada por el fiscal Marco Guzmán Baca, titular de la Segunda Fiscalía Penal Supranacional de Lima, será sujeto de denuncia ante una instancia mayor del Ministerio Público para su revisión debida, de acuerdo con el recurso de derecho.
La víspera, Fujimori y su ministro de Salud, Alejandro Aguinaga, entre otros, fueron exculpados en las denuncias presentadas por 2.000 de mujeres que fueron víctimas de esterilización forzada impuesta por su gobierno.
Entre los encausados, que según los abogados de las víctimas cometieron delito de lesa humanidad, se encuentran también los ex ministros Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, que acompañaron al ex mandatario durante la década que gobernó.
Actualmente, Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por otros crímenes, como la Matanza de La Cantuta (1992) y la masacre de Barrios Altos (1991), que cobró la vida de 25 personas, entre ellas un niño de ocho años.
Sigfrido Florián, representante de IDL, precisó que su organización presentará un recurso de queja por esta decisión judicial y solicitará que la denuncia presentada por unas 2.000 víctimas sea evaluado en otra instancia superior del Ministerio Público.
Florian sostuvo que una reconsideración legal de este caso podría implicar la revisión total de los 140 tomos que constituyen la investigación realizada hasta el momento y de ese modo tratar de revertir la decisión del MP.
Para la abogada de la organización feminista Demus, Rossy Salazar, la decisión del MP de salvar al ex presidente y sus ministros vulnera los nuevamente el derecho a la verdad, al acceso judicial y a la reparación de las víctimas del régimen fujimorista.
La crítica más dura contra la decisión judicial se centró en que el fiscal no consideró la política de esterilización como un delito de lesa humanidad, como demandan las víctimas.
Salazar adelantó que una de sus primeras medidas será apelar la decisión del fiscal Guzmán Baca de cerrar este caso pese a las evidencias y testimonios de las mujeres que fueron víctimas de esta práctica de esterilización forzada.
Según la organización social Demus, esta práctica inhumana formó parte de la política implementada a escala nacional por el régimen de Fujimori para supuestamente combatir la pobreza en las zonas populares de este país.
Las principales víctimas de esta práctica, fueron mujeres jóvenes en edad reproductiva que vivían en las zonas urbanas pobres y en las zonas andinas, donde la población mayoritaria es indígena quechua.
De acuerdo con los testimonios de las afectadas, los médicos que conformaban el programa obligaban a las jóvenes a someterse a estas operaciones con engaños y, hasta con amenazas, acciones que fueron declarados por las mismas afectadas.
Entre las 2.000 mujeres que denunciaron y documentaron este caso, se encuentran algunas como María Alegría Laime, quien al igual que otras miles de campesinas de origen quechua fueron sometidas a esta práctica sin su consentimiento.
La mujer refirió durante su testimonio ante la fiscalía cómo fue engañada por los encargados de ejecutar este programas haciéndole creer que la iban a someter a un tratamiento odontológico.
"Nos metieron a un cuarto y nos pusieron una inyección. Me quedé dormida. Después me enteré de que no me sacaron la muela sino que me cortaron la barriga (esterilizaron)", expresó Alegría Laime.
Otras víctimas presentaron también sus testimonios ante las autoridades judiciales con la esperanza de conseguir justicia y castigo para Fujimori y sus ministros, quienes representaban la mano ejecutora de este plan.
Entre las víctimas figuras cientos de campesinas de las regiones altoandinas de Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca y Piura, entre las que se encuentran las señoras Irene Chalco, Carmen Mayhua, Estela Laime y Sabina Huillca, quienen demanda justicia porque ya no podrán tener hijos.
Ollanta Humala prometió en su campaña presidencial a las víctimas que durante su administración se investigarían las esterilizaciones de mujeres pobres en este país, por eso las organizaciones feministas piden que se haga justicia con las mujeres afectadas.
El teléfono móvil cumple 40 años
Viaje por China: cada día más fuera del alcance
Contacto
Twitter
Facebook
RSS
Imprimir
Favorito
Corregir
e-mail
