Las autoridades de República Dominicana emitieron hoy una orden de arresto internacional contra un sacerdote polaco fugado del país poco antes de ser denunciado por abuso sexual de menores en una localidad del norte dominicano.
El procurador general Francisco Domínguez Brito dijo que ordenó colocar en el sistema de la Policía Internacional (Interpol), la orden de captura contra el polaco Alberto Wojciech (o Wojciech Gil), luego de que un tribunal de justicia declarara el estatus de rebeldía contra el acusado.
Según Domínguez, la declaratoria de rebeldía contra Wojciech fue sustentada en virtud de que el sacerdote se ausentó del país para escapar del proceso que se sigue en su contra por supuesta violación y agresión sexual agravada en perjuicio de varios menores de edad de una comunidad cercana a la ciudad de Santiago, 155 kilómetros al noroeste de la capital.
Wojciech también fue vinculado a otro sacerdote polaco, el representante del Vaticano en el país, Józef Wesolowsi, que fue destituido el mes pasado por la Santa Sede tras conocer un informe que lo involucra en casos de pederastia.
El fiscal especial Bolívar Sánchez dijo esta semana que Wojciech tenía más de 87.000 fotografías y videos en la computadora de la parroquia en la que trabajaba, y cuyo disco duro fue analizado por los departamentos de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Procuraduría y de la Policía tras ser alertados por un testigo.
"Vamos a agotar cuantos recursos judiciales sean necesarios, tanto en el ámbito local como en el internacional, para que este caso no quede impune", dijo hoy el procurador general dominicano.
Los casos de Wojciech, Wesolowski y de otros sacerdotes católicos causaron gran indignación en el país.
A principios de este mes, la iglesia Católica dominicana pidió perdón a las posibles víctimas de los sacerdotes "desalmados que han abusado de ellos", y solicitó a la justicia actuar "seriamente y con firmeza" para castigar los recientes casos de abuso sexual denunciados en el país.
En un documento, el episcopado dominicano señala que la situación que se ha presentado "preocupa y avergüenza a los obispos y a la iglesia Católica en sentido general", y toma distancia de los sacerdotes implicados al asegurar que "no se puede justificar lo que no puede tener justificación".
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