El Gobierno brasileño creará una comisión para evaluar y analizar todos los convenios firmados por el Ministerio de Trabajo en los últimos años, tras el escándalo de corrupción destapado esta semana, y que terminó con la dimisión de un viceministro y de otros dos altos funcionarios.
Doce funcionarios del Ministerio de Trabajo, así como otros diez de otras superintendencias regionales serán los encargados de estudiar "los convenios ya expirados" para encontrar posibles nuevas irregularidades, según un decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Unión.
Los primeros convenios que serán revisados son aquellos que fueron denunciados tanto por la Policía Federal como por el Tribunal de Cuentas de la Unión y que propiciaron esta semana una operación policial que desmanteló una red corrupta que desvío unos 400 millones de reales (174 millones de dólares) del Ministerio de Trabajo mediante licitaciones fraudulentas o ficticias.
La red corrupta actuaba en 12 de los 27 estados de Brasil. Su descubrimiento provocó la dimisión del viceministro de la cartera Paulo Roberto Pinto, así como la expulsión del coordinador de Contratos del Ministerio, Geraldo Riesenbeck, y a un asesor directo del ministro Manoel Dias, y mandó a prisión a 23 personas acusadas de pertenecer a la organización criminal.
Pinto llegó a ser ministro interino de Trabajo tras la dimisión del anterior ministro, Carlos Lupi, que se vio obligado a dimitir tras la denuncia de otro sistema fraudulento de licitaciones.
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