El alcalde de Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, descartó hoy trato de privilegio para la lideresa de maestros, Elba Esther Gordillo, quien se encuentra en una prisión capitalina bajo responsabilidad local, tras su detención la víspera por autoridades federales con cargos de lavado y delincuencia organizada.
En rueda de prensa, Mancera dijo que durante su permanencia en la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla (al oriente de la ciudad), no habrá trato preferencial para la lideresa desde hace 23 años del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el mayor de América Latina, con unos 1,3 millones de agremiados.
"No tenemos esquema de trato privilegiado que haya que manejar en este caso ni en ningún otro, lo único que llega a ser excepcional dentro de esas instalaciones (prisión) son circunstancias como las médicas", explicó el jefe del gobierno local.
Al respecto, Mancera señaló que ya se ha hecho una valoración médica inicial, y precisó que hasta el momento no cuenta con algún reporte extraordinario sobre el estado de salud de Gordillo, quien por los delitos que se le imputan no alcanza libertad bajo fianza y deberá enfrentar su proceso judicial en la prisión de la capital mexicana.
También destacó que está garantizada la seguridad de Gordillo, considerada hasta el martes "la mujer más poderosa de México", así como su integridad física.
Añadió que la lideresa magisterail cuenta con el servicio médico, al igual que todas las prisioneras de ese centro de reclusión.
Gordillo fue aprehendida la tarde-noche del pasado martes en el aeropuerto de la ciudad de Toluca, en el central Estado de México, vecino a la capital, acusada de desviar recursos de la organización gremial para cuentas y gastos personales, como ropa, compra de obras de arte y cirugías estéticas.
La fiscalía del gobierno de Enrique Peña, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), otrora aliado de Gordillo, quien incluso fue secretaria general de esa organización política y legisladora bajo sus siglas, la acusa delincuencia organizada, lavado de dinero y asociación delictuosa, por el supuesto desvío de 2.600 millones de pesos (unos 200 millones de dólares) de cuentas del SNTE para sus cuentas personales.
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