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Atribuye gobierno de Venezuela a derecha política violencia en cárceles

Actualizado a las 31/01/2013 - 17:35
El gobierno de Venezuela atribuyó hoy a fuerzas políticas de la derecha un conflicto entre reos del Centro Penitencial Uribana (noroeste), que dejó 58 muertos y 95 heridos la semana pasada, y dijo que juegan a incendiar los penales del país.
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El gobierno de Venezuela atribuyó hoy a fuerzas políticas de la derecha un conflicto entre reos del Centro Penitencial Uribana (noroeste), que dejó 58 muertos y 95 heridos la semana pasada, y dijo que juegan a incendiar los penales del país.

“No descartamos que factores políticos estén jugando a encender los penales. Sin duda están involucrados”, afirmó la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, durante una entrevista transmitida hoy por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La funcionaria ratificó sus sospechas sobre informes divulgados por la televisora privada Globovisión ante un conflicto entre la población interna por el control de la cárcel.

Varela argumentó que durante su gestión en el Ministerio de Servicios Penitenciarios se han realizado bajo completa normalidad 86 requisas en los penales venezolanos desde 2011.

De acuerdo con información oficial, el 25 de enero las autoridades penitenciarias realizaron una requisa a la población penal para neutralizar 48 horas de violencia entre la población penal.

Pero la requisa desató la ira de los internos implicados en el conflicto, quienes dispararon armas de fuego contra los presos que apoyaron la decisión y contra los guardias del recinto carcelario.

Tras los hechos violentos, el gobierno venezolano resolvió desalojar el penal -inaugurado en 1999- para su reparación, y ordenó el traslado de la población a otras cárceles del país.

Según el Ministerio para Servicios Penitenciarios, el Centro Penitencial Uribana se construyó para una capacidad de 850 retenidos, pero alojaba a 2003 hombres y 132 mujeres.

En la nación sudamericana han estallado desde 2010 fuertes conflictos carcelarios asociados al control que ejercen mafias internas, en muchos casos con complicidad de los custodios que permiten la entrada de armas de fuego y drogas a los recintos.

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