El presidente chileno Sebastián Piñera, de derecha, defendió hoy la aplicación de la polémica Ley Antiterrorista, tras el atentado incendiario que costó la vida a un matrimono de hacendados y luego de críticas por un eventual sesgo contra el pueblo mapuche en la aplicación de la normativa.
"El tercer pilar de esta estrategia tiene que ser el combate con toda la fuerza del mundo, con todos los instrumentos que nos entrega el Estado de Derecho, con todo el rigor de la ley, contra esa minoría de delicuentes, de terroristas", dijo Piñera en una intervencion pública.
En este aspecto, el jefe de Estado argumentó que la ley "no se está aplicando al pueblo mapuche como dicen algunos, se está aplicando a los terroristas, sean de la etnia que sean, sean del color que sean, sean de la región que sean; les vamos a aplicar la Ley Antiterrorista cuando cometan delitos terroristas, como, por ejemplo, quemar vivas a dos personas inocentes de la tercera edad".
Una serie de atentados incendiarios perpetrados por grupos de desconocidos han sacudido a la Región de la Araucanía, en el sur del país, en acciones atribuidas a grupos de activistas mapuche radicalizados, en el marco de su reclamo de restitución de sus territorios ancestrales.
En el atentado más grave, un matrimonio de hacendados en la localidad (distrito) de Vilcún murió luego de que su vivienda fue incendiada por desconocidos.
El gobierno chileno, que calificó el atentado de acto terrorista, anunció un reforzamiento de la policía en la conflictiva región, ubicada unos 800 kilómetros al sur de Santiago
Desde hace dos semanas se han sucedido al menos una docena de atentados incendiarios.
Fuentes judiciales y policiales han ligado el atentado al resurgimiento de la violencia en la región, coincidente con el cuarto aniversario de la muerte del activista mapuche Matías Catrileo, muerto tras recibir disparos de la policía en enero de 2009, tesis compartida por el Poder Ejecutivo.
El gobierno y la oposición de centro izquierda difieren en cuanto a la aplicación de la Ley Antiterrorista, y aún más sobre estados de excepción, pero concuerdan en la necesidad de abordar integralmente el conflicto.
La ley ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, al implicar la suspensión de garantías del debido proceso, al contemplar testigos encubiertos, disminución de garantías procesales para la defensa y elevadas penas; además, se ha indicado que ésta ha sido aplicada casi en exclusividad a mapuches.
La ejecución de la normativa para aplacar el conflicto con los indígenas ha sido también rechazada por organizaciones humanitarias internacionales, y por los observadores de Naciones Unidas para pueblos indígenas, el mexicano Rodolfo Stavenhagen y el estadounidense James Anaya, que han visitado la zona en distintos momentos desde la década de 1990.
Los mapuche, la mayor etnia originaria del país, que con unas 800.000 personas representa 6 por ciento de la población chilena, reclama la restitución de su territorio ancestral.
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