BRASILIA, 8 ene (Xinhua) -- El gobierno brasileño expulsó durante 2017 a 506 empleados públicos, 335 de ellos implicados en actos de corrupción, según un informe divulgado hoy lunes por el Ministerio de Transparencia y la Contraloría General de la Unión (CGU).
El abandono de cargo, inasistencia o acumulación ilícita de cargos aparecen como las causas de expulsión en 125 de los casos.
Entre las razones de la separación de cargos figuran el proceder de forma negligente y la participación en gestión o administración de sociedades privadas.
De acuerdo con la CGU, entre los actos relacionados con la corrupción están uso del cargo para lograr provecho personal, la recepción de soborno o ventajas indebidas, utilización de recursos materiales del servicio en actividades particulares, improbidad administrativa, lesión a las arcas públicas y dilapidación del patrimonio nacional.
Según el balance de la CGU, a lo largo de 2017 fueron registrados 424 despidos de funcionarios efectivos, 56 casaciones de jubilaciones y 26 destituciones de ocupantes de cargos en comisión.
Los datos presentados por la Contraloría no incluyen a empleados de empresas estatales como Caixa Económica Federal, Correos y la petrolera estatal Petrobras.
Según el informe, los funcionarios públicos encuadrados en los términos de la Ley Ficha Limpia no pueden postularse a cargos electivos por un plazo de ocho años.
Dependiendo del tipo de infracción cometida, también pueden quedar impedidos de volver a ejercer un cargo público.
Desde 2003, el gobierno brasileño ha expulsado a 6.714 funcionarios, de los cuales 5.595 fueron despedidos, 549 tuvieron jubilación destituida y 570 fueron alejados de sus funciones comisionadas.
Los ministerios con la mayor cantidad de expulsiones fueron el de Desarrollo Social y Agrario, el de Educación y el de Justicia y Seguridad Pública. Fin