RIO DE JANEIRO, 19 oct (Xinhua) -- La Justicia brasileña suspendió hoy el bloqueo de 504 millones de dólares sobre los bienes de los hermanos Joesley y Wesley Batista, propietarios del grupo J&F y de la multinacional cárnica JBS, mayor productora de proteína animal del mundo.
La Justicia Federal de Brasilia había pedido el bloqueo a petición de la Fiscalía en el marco de la operación Bullish, que investiga desvíos en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en favor de JBS, una de las empresas del grupo J&F.
En la ocasión, la Justicia aceptó argumentos de los fiscales y de la Policía Federal, que temían que una posible dilapidación del patrimonio hiciera inviable el resarcimiento de los recursos desviados, estimados en 378 millones de dólares.
La Policía Federal también alegó que el pedido de anulación del acuerdo de delación compensada firmado por Joesley Batista, hecho por la Fiscalía General de la República (PGR), dejaría espacio para aumentar el bloqueo sobre los bienes del empresario.
Todos los motivos fueron rechazados por el juez federal Olindo Menezes. El magistrado destacó que la eventual anulación del acuerdo aún se encuentra en trámite en la Corte Suprema, y no justifica el aumento del bloqueo de bienes.
La decisión no incluye los 18 millones de dólares que habían sido bloqueados anteriormente y siguen indisponibles. La ampliación del bloqueo había alcanzado otros miembros de la familia Batista, incluyendo a su patriarca José Batista Júnior.
En septiembre, el entonces fiscal general de la República, Rodrigo Janot, anuló la inmunidad penal concedida a Batista y Ricardo Saud, exejecutivo de JBS. En aquel entonces, Janot concluyó que Batista y el ejecutivo del grupo, Ricardo Saud, omitieron informaciones en sus declaraciones.
Los hermanos Batista firmaron un acuerdo de colaboración judicial en el que confesaron haber sobornado a cientos de políticos de todo el arco parlamentario, entre ellos el presidente Michel Temer, a quien acusaron de recibir sobornos al menos desde 2010.
En base a sus delaciones, la Fiscalía presentó una denuncia contra el mandatario por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, cargos que están siendo analizados actualmente en la Cámara de Diputados, como ya hizo con una primera denuncia presentada en junio pasado por corrupción pasiva y que fue rechazada y archivada por ese órgano legislativo.
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