China ha puesto en marcha una nueva ronda de reformas judiciales para garantizar la independencia de los magistrados y poner fin a las interferencias en este terreno, afirmó Zhou Qiang, presidente del Tribunal Popular Supremo del país, en un artículo publicado hoy lunes.
La iniciativa tiene como propósito reforzar la independencia de jueces y fiscales, así como frenar la interferencia por parte de otras fuentes de poder y el tráfico de influencias, explicó el máximo jefe de justicia, en un articulo publicado en el Diario del Pueblo, el órgano del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh).
Zhou pidió a los diversos departamentos judiciales que adopten medidas para impedir la intervención exterior y depuren su ética de trabajo.
A pesar de que la legislación de China se desarrolla satisfactoriamente, es necesario mejorar el cumplimiento de las leyes, destaca el artículo, que agrega que la implementación completa y efectiva de las leyes es el factor más importante para promover el Estado de derecho en el país.
Los citados departamentos deben cumplir con sus obligaciones de hacer justicia y proteger la autoridad de la ley en todos los juicios, agregó Zhou.
Además, pidió a los funcionarios que "tengan simpre un temor reverencial hacia la Constitución y las leyes".
Los funcionarios, en particular los dirigentes, deben dar ejemplo en la observación de las leyes y en la adhesión al principio de que la ley es una línea que jamás debe ser cruzada, recalcó Zhou.
Los tribunales chinos llevan siendo objeto de la atención ciudadana desde que se descubrieran una serie de errores judiciales y escándalos en los que están implicados algunos jueces.
El 2 de julio, un tribunal de la provincia oriental de Zhejiang revocó una sentencia errónea contra cinco hombres por robo y asesinato de dos conductores de taxi hace 18 años.
La semana pasada, cuatro jueces de alto rango del tribunal superior de la metrópoli oriental de Shanghai fueron destituidos de sus cargos por presunta contratación de prostitutas en un club nocturno.
El Tribunal Popular Supremo declaró el pasado miércoles que los cuatro funcionarios han mancillado la imagen de la judicatura del país, así como su credibilidad.
Por ello, este órgano ha ordenado a las cortes de todo el país que luchen contra la corrupción y eliminen a las"ovejas negras" para evitar escándalos similares en el futuro.
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