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Anuncia Venezuela nuevas fiscalizaciones en ofensiva económica

Actualizado a las 29/01/2014 - 16:14
CARACAS, 27 ene (Xinhua) -- La superintendente para los Derechos Socioeconómicos de Venezuela, Andreina Tarazón, anunció hoy nuevas fiscalizaciones a partir de este fin de semana en todos los comercios del país que expenden artículos de primera necesidad, con la finalidad de hacer cumplir la Ley de Costos y Precios Justos.
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CARACAS, 27 ene (Xinhua) -- La superintendente para los Derechos Socioeconómicos de Venezuela, Andreina Tarazón, anunció hoy nuevas fiscalizaciones a partir de este fin de semana en todos los comercios del país que expenden artículos de primera necesidad, con la finalidad de hacer cumplir la Ley de Costos y Precios Justos.

"Comenzaremos una ofensiva económica nacional para someter a nuevos procesos de fiscalización a todos los comercios que incurran en delitos de usura y especulación", señaló Tarazón.

El presidente venezolano Nicolás Maduro dictó el año pasado la Ley de Costos y Precios Justos, con la habilitación para legislar que le otorgó la Asamblea Nacional (AN) para poner freno a la guerra económica y el sabotaje emprendidos por la derecha en aspectos esenciales para el pueblo.

El instrumento legal establece también que se podrán determinar márgenes máximos por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica u otros conceptos, siempre con el tope del 30 por ciento máximo señalado.

La superintendente para los Derechos Socioeconómicos indicó que el gobierno realizará de manera simultánea talleres de formación para la ciudadanía en general, para que puedan participar en los procesos de inspección.

Uno de los sectores que más afectan en la inflación es el sector de los alimentos, que representa un área de primordial atención; sin embargo, la ley establece regulación para todos los actores económicos del país, recordó Tarazón.

El marco jurídico establece que las ganancias de los que ejerzan actividades económicas en el país no podrá exceder 30 por ciento y supone severas sanciones administrativas y penas privativas de libertad, que van de dos a 14 años, a quienes incumplan la ley.

Se incluye el contrabando de extracción, que es sancionado con prisión de 10 a 14 años, y se considera como agravante si se trata de delitos contra la estabilidad de la República, por lo cual implicará la pena máxima contemplada.

La superintendente explicó que mientras se dictan las regulaciones por sectores, se entiende que debe cumplirse ese 30 por ciento máximo de ganancia, así como los precios fijados por el Ejecutivo en la ofensiva económica contra la especulación que activó en noviembre pasado.

Añadió que el próximo jueves, en el seno de la Vicepresidencia, se efectuará un encuentro con empresarios y comerciantes para conversar sobre la normativa.

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