Por Omar Mendoza
SANTIAGO, 11 mar (Xinhua) -- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien asumió hoy su cargo, se propone cumplir "la deuda histórica" que el Estado y la sociedad chilena mantienen con los pueblos originarios.
En su programa de gobierno, se propone establecer una nueva relación con los indígenas, basada en el respeto a sus derechos colectivos, con una propuesta de participación y superación de toda forma de marginación, racismo y discriminación.
A la llegada de los españoles en el siglo XVI, en el territorio chileno había numerosos pueblos originarios, entre ellos, los changos, atacameños, diaguitas, picunches, chiquillanes, pehuenches, puelches, mapuches, huilliches, chonos, cuncos, tehuelches, onas, alacalufes y yaganes.
La nación mapuche o gente de la tierra (de mapu = tierra y che = gente) se ubicaba ambos lados de la frontera de Chile y Argentina, hoy sigue siendo la más numerosa, con unos 600.000 habitantes.
Más de 300 años duraría la guerra de Arauco, iniciada en 1550 cuando guerreros mapuche atacaron a las huestes colonialistas españolas y terminó en la década de 1880, cuando los indígenas fueron derrotados por el Estado chileno.
La ley de 1866 inició la llamada "pacificación", que significó una guerra de exterminio y la ocupación por la fuerza de las tierras fértiles de los indígenas, que luego fueron entregadas a colonos chilenos y extranjeros.
Con la superioridad de sus armas modernas, el ejército chileno terminó por vencer a los indígenas, quienes desde entonces reclaman sus tierras y realizan acciones violentas aisladas contra el Estado.
El régimen militar (1973-1990) proclamó que en un decreto ley de 1979 había establecido que no existían ni tierras indígenas ni propietarios indígenas, porque "sólo había chilenos".
Desde entonces, a pesar de políticas oficiales que restauraron algunas tierras a los mapuche y de su inserción obligada en la sociedad chilena, se ha mantenido la lucha por la recuperación de su histórico territorio, protagonizando ataques incendiarios y enfrentando a la fuerza pública.
Bachelet, quien en cuyo primer gobierno (2006-2010) devolvió miles de hectáreas a los mapuche, plantea una Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Originarios, que incorporará, entre otras, las áreas de educación, salud, tierras y desarrollo productivo.
La mandataria se ha comprometido a no aplicar la Ley Antiterrorista a miembros de los Pueblos Indígenas por actos de demanda social, como lo han exigido los líderes mapuche, así como a modificarla con estándares internacionales.
Además, anunció que se implementará los tratados internacionales que ha ratificado Chile en materia de derechos de los Pueblos Indígenas y se elaborará una nueva política indígena con enfoque en sus derechos.
El nuevo gobierno pondría en práctica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a:Asumir la defensa de la lengua de los Pueblos Indígenas y del reconocimiento de sus autoridades; mejorar sus condiciones de vida, apoyar su economía y productividad;proteger sus prácticas culturales y religiosidad, así como su medicina ancestral.
Además de promover más amplios espacios de participación política, social y cultural, respetando su autonomía y autodeterminación y extendiendo sus derechos políticos.
"Tenemos por delante el desafío impostergable de reconocer constitucionalmente a los Pueblos Indígenas en el marco de la discusión de una Nueva Constitución para Chile, y debatir ahí un nuevo modo de convivencia como sociedad pluricultural", precisa el programa oficial.
En la propuesta nueva carta magna se incluirá la idea de "un Estado pluricultural que garantice sus derechos colectivos".Se reconoce, además, que "la falta de reconocimiento de los derechos indígenas ha llevado a una profunda crisis en la relación de los Pueblos con nuestra sociedad y el Estado" y se propone corregir la situación.
"Reemprenderemos la tarea de reconstruir confianzas, alejándonos de la represión y la violencia. Buscaremos una forma de entendernos con voluntad de diálogo y de justicia", afirma el programa bacheletista.
También indica que se atenderán las recomendaciones de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, especialmente en relación con situaciones de tensión y conflicto.
Bachelet enviará al Congreso el proyecto de ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas, que colaborará en la definición de la nueva política indígena para Chile.
Igualmente, se remitirá otro proyecto de ley que crea el Consejo de Pueblos Indígenas, autónomo y representativo de los diversos pueblos que existentes en el país, con funciones consultivas y resolutivas en consulta con las comunidades indígenas.
"Debemos replantear y revisar el tema de la consulta y consensuar, en un proceso participativo con los indígenas y sus autoridades, los mecanismos que mejor representen sus derechos a partir de procesos ya encaminados", destacó.
Este programa es uno de los más avanzados presentado en el país para resolver "la deuda histórica con los pueblos originarios" y, se espera que las leyes y medidas propuestas signifiquen un cambio real en la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
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