Por René Quenallata Paredes
LA PAZ, 9 feb (Xinhua) -- Bolivia encara ocho arbitrajes internacionales que demandan compensaciones de unos 2.000 millones de dólares (mdd) en conjunto, producto de una veintena de nacionalizaciones de recursos naturales y empresas estratégicas iniciadas desde mayo de 2006 en el gobierno, según la Procuraduría General del Estado.
El procurador Hugo Raúl Montero, en entrevista con Xinhua, explicó que el Estado está enfrentando estos procesos como corresponde y que en primera instancia se llega a una conciliación de montos y si no se logra acuerdos se va a un arbitraje.
Calificó como "importante" el hecho de que se haya logrado una "gran victoria" con la británica Rurelec, que pretendía más de 142 mdd, pero el fallo del Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (PCA, en inglés), con sede en La Haya, Holanda, fijó como monto de compensación 28,9 mdd más intereses, lo que bordea un total de 42 mdd.
Se analiza una respuesta a ese fallo, que se hará conocer en los próximos días aunque éste fue cuestionado por el ex presidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) quien desacreditó la nacionalización de la filial de Rurelec en el país, Guaracachi, y dijo que ha sido "una compra de empresas con grandes costos para el pueblo boliviano".
El diputado opositor Franz Choque considera que las expropiaciones que siguen en negociación pasan la factura a Bolivia y se refleja en la baja de inversiones extranjeras en el país.
El analista y ex ministro de Hidrocarburos, Alvaro Ríos, afirmó que las nacionalizaciones generan un clima de desconfianza para las inversiones y que los costos aún deben ser contabilizados cuando concluyan los procesos de arbitraje.
"La ausencia de normas legales claras relega la inversión extranjera, por lo que recomiendo una pronta aprobación de una ley de Inversiones y evitar derrotas en los arbitrajes", agregó.
El presidente Evo Morales comenzó el 1 de mayo de 2006 la nacionalización de los hidrocarburos con la toma física de los campos petroleros que detentaban las transnacionales y la última se dio en febrero de 2013 con la empresa Sabsa, filial de las españolas Abertis y Aena que administraba los tres aeropuertos más grandes del país.
La última nacionalización se dio el 18 de febrero de 2013 con la expropiación de la empresa Sabsa, filial de las españolas Abertis y Aena que administra los tres aeropuertos más grandes del país, acusándola de haber hecho inversiones insuficientes.
CONTROVERSIAS
El procurador Hugo Raúl Montero detalló todos los procesos que encara su despacho de los cuales cinco hicieron conocer sus pretensiones económicas y tres no oficializaron sus demandas, sino lo hicieron a través de los medios de prensa.
Uno de los procesos fue iniciado por la compañía británica-americana Rurelec PLC que remitió, el 13 de mayo de 2010 y concluyó en enero pasado.
El 2 de marzo de 2012, la firma indicó que la "indemnización completa" que busca por la estatización de sus acciones en Guaracachi alcanza un monto de 142,3 millones de dólares, "más los intereses generados hasta el pago total de la compensación económica".
El fallo del tribunal de arbitraje con sede en La Haya, Holanda, definió en total unos 42 mdd, es decir ni la mitad de las aspiraciones de la transnacional.
El 18 de febrero de 2013, el gobierno nacionalizó las acciones de la española Abertis y AENA en su filial en Bolivia SABSA debido a que incumplió un plan de inversiones para mejorar las instalaciones aeroportuarias en el eje troncal.
Abertis reclama 90 mdd a Bolivia por la expropiación de SABSA, filial de Abertis (90 por ciento) y AENA (10).
El proceso se encara por el Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) Bolivia-España.
Pan American Energy (PAE) presentó el 12 de marzo de 2010 una demanda contra el Estado boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad dependiente del Banco Mundial, por la nacionalización de la petrolera Chaco, en la cual tenía el 50 por ciento de las acciones.
Representantes de la procuraduría se reunieron con ejecutivos de PAE para resolver la controversia con diálogo, pero la compañía reactivó el arbitraje el 2 de agosto de 2012.
La petrolera PAE convalidó el 24 de septiembre de este año un arbitraje contra el país y reclama 1.493 mdd de indemnización por la estatización de acciones de Chaco, monto que incluye daños y perjuicios.
Otra demanda la interpuso la empresa chilena Quiborax Non Metallic Minerales el 4 de octubre de 2005 ante el CIADI por la anulación de su licencia para explotar ulexita en el salar de Uyuni y demanda.
El 6 de julio de 2010, la compañía reanudó el arbitraje y demandó 146 mdd por daños.
Este caso se trata en una controversia que está bajo el TBI Bolivia -Chile, tema que ha finalizado su etapa procesal y se espera el fallo que debe emitir el tribunal arbitral.
El 30 de abril de 2013, la canadiense South American Silver inició un arbitraje contra Bolivia por la nacionalización "sin compensación" de su concesión minera en el cerro Mallku Khota.
Aunque se difundió una versión, a través de la prensa, de reclamar 25 mdd.
Una sexta demanda de la empresa inglesa BP Global Investments que está considerándose bajo el amparo del TBI Bolivia - Inglaterra en la que demanda 5.5 mdd y se está trabajando en un acuerdo de partes.
La española Red Eléctrica Internacional aún no puso el monto en la demanda, aunque inicialmente hizo conocer por medios de prensa la intención de cobrar 164 mdd.
Un octavo arbitraje, por la nacionalización el 29 de diciembre de 2012 de la española Iberdrola, se espera que Bolivia pague el valor real de las cuatro compañías filiales y hasta la fecha no oficializó el monto de compensación pero se difundió información que pretende 125 mdd.
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