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Manifestantes rechazan en R. Dominicana llegada de misión de la CIDH

Actualizado a las 02/12/2013 - 16:03
Una multitud se manifestó hoy en el norte de República Dominicana contra la próxima llegada a Santo Domingo de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que evaluará el alcance de una sentencia sobre la nacionalidad en este país, rechazada por sectores que la consideran vejatoria de los derechos humanos.
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Una multitud se manifestó hoy en el norte de República Dominicana contra la próxima llegada a Santo Domingo de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que evaluará el alcance de una sentencia sobre la nacionalidad en este país, rechazada por sectores que la consideran vejatoria de los derechos humanos.

La marcha se realizó en la ciudad de Santiago, a 155 kilómetros al noroeste de Santo Domingo, y fue convocada por la Red por la Defensa de la Soberanía Nacional, entidad creada recientemente para defender el dictamen.

El Tribunal Constitucional dominicano falló hace dos meses que una mujer de ascendencia haitiana, Juliana Deguis Pierre, no puede ser dominicana debido a que nació de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" (sin residencia legal) la excluye de optar por ese derecho.

La sentencia ha sido rechazada por sectores liberales dominicanos y por el vecino Haití, que temen que la medida pueda perjudicar a cerca de un cuarto de millón de integrantes de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana y a inmigrantes haitianos radicados en territorio dominicano.

"CIDH fuera del país", "Somos una nación soberana" y "Atrás a la invasión y a la agresión haitiana" fueron algunos de los lemas que se podían leer en los carteles empuñados por los manifestantes.

Un ciudadano francés y cuatro haitianos que portaban la bandera de Haití, fueron detenidos por las autoridades para evitar incidentes, según informó la prensa local.

"La CIDH asume una burda intromisión en los asuntos internos del Estado dominicano y no tiene calidad jurídica para imponer y tratar de menospreciar decisiones propias", comentó en el evento Angelita Villamán, dirigente vecinal de Santiago.

La misión de La CIDH, anunciada el mes pasado en una reunión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estará en el país desde este lunes y hasta el próximo viernes, en atención a una invitación hecha por el propio gobierno dominicano.

El organismo señaló la semana pasada que el objeto de la visita de la Comisión es analizar la situación de los derechos humanos en República Dominicana en lo relativo a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como otros derechos y problemáticas relacionadas.

La misión se entrevistará con autoridades y con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, tanto en Santo Domingo como en otras provincias al interior del país, "con el interés de conocer con mayor profundidad los desafíos y avances en materia de derechos humanos y recibir denuncias".

La delegación estará encabezada por el presidente del organismo, el mexicano José Orozco Henríquez, y está integrada por otras ocho personas.

República Dominicana ha dado garantías a Haití y a la comunidad internacional de que la sentencia se aplicará con estricto apego a los derechos de las personas que se sientan afectadas y sobre la base de una genuina preocupación humanitaria.

Según una encuesta difundida en mayo de este año, cerca de medio millón de personas provenientes de Haití viven en República Dominicana, la mayor comunidad extranjera residente en este país, mientras otros 244 mil son dominicanos de ascendencia haitiana.

En ejecución del fallo, el organismo electoral dominicano determinó a principios de noviembre que la mayor cantidad de nacimientos asentados por extranjeros corresponde a los de nacionalidad haitiana, con un total de 36.326 personas, de los cuales 13.672 se hicieron con documentos no válidos que podrían ser corregidos si sus portadores se acogen al fallo.

El 29 de noviembre, el presidente dominicano, Danilo Medina, emitió el decreto que cumple con el mandato del Tribunal Constitucional, al establecer los criterios que servirán para fijar el tiempo de radicación, el arraigo con la sociedad y las condiciones laborales y socioeconómicas de los extranjeros en territorio dominicano.

El fallo ha enfrentado abiertamente a Haití con República Dominicana, que ha retirado a su embajador en Puerto Príncipe por promover una condena de la Comunidad del Caribe (Caricom) y en medio de incidentes en la frontera entre ambos países.

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