El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García, afirmó hoy que el gobierno cuenta con las bases de la demanda, compilada en una memoria, por lo tanto el plazo de 10 meses que otorgó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para presentar los alegatos servirá para revisarlo y ajustarlo.
Alvaro García manifestó que la memoria boliviana a presentarse en La Haya expondráel carácter histórico, legal y moral del derecho marítimo boliviano.
"Se viene trabajando tiempo atrás sobre el contenido de la memoria, no es que recién estamos asumiendo la elaboración del memorial. Para la elaboración del memorial se cuenta con un equipo extenso, tanto de juristas, historiadores e investigadores que han venido acumulando material", explicó.
El vicepresidente añadió que en el plazo abierto el equipo boliviano fortalecerá los argumentos de la demanda.
La CIJ notificó el miércoles a los gobiernos de Bolivia y Chile sobre el cronograma establecido para la presentación de las memorias de ambos Estados.
El gobierno boliviano tiene de plazo hasta el 17 de abril de 2014, mientras que el chileno tendrá hasta el 18 de febrero de 2015.
El vicepresidente boliviano dijo que la elaboración de la memoria lo realiza desde hace tiempo un grupo de juristas, historiados e investigadores, por lo tanto en estos diez meses de plazo se tiene previsto ensamblar de mejor manera los argumentos.
La demanda boliviana solicita a la CIJ que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar, de buena fe, con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico.
Alvaro García informó en conferencia de prensa que los plazos definidos son razonables y que en ese marco Bolivia presentará una demanda que cumplirá con todas las exigencias de la CIJ, la cual estará apegada a la "contundencia" histórica, legal y moral a fin de hacer realidad el derecho histórico de una salida soberana al mar.
El presidente boliviano Evo Morales anunció en marzo de 2011 la decisión de llevar el diferendo marítimo con Chile a instancias judiciales internacionales ante la renuencia de Santiago a resolver la demanda arrastrada desde 1879, tras la invasión y guerra del Pacífico.
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