La justicia de España decretó el embargo de bienes de Chile por haberse negado a pagar una millonaria compensación al dueño de un diario político que fue expropiado tras el golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973.
El propietario del diario chileno Clarín, Víctor Pey, había presentado una demanda de ejecución forzosa ante la justicia española pero el Estado chileno no acató lo ordenado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2008 para que se procediera a compensarlo con dinero.
La orden del juez significa un valor de 4.9 millones dólares, a lo que se suma los intereses vencidos y los que puedan devengarse.
Ese diario, que era muy popular en esa época, apoyaba al gobierno de Allende, que era integrado por los partidos Socialista, Comunista, Radical y otras fuerzas populares.
Desde hace muchos años, Pey, que había adquirido el diario Clarín en 1972, mantiene un litigio con el Estado chileno para que le sea restituida la propiedad del medio de comunicación, cuyos bienes fueron confiscados por el régimen militar en 1973.
El propietario de Clarín debió abandonar Chile en aquella época, pero retornó en 1995, tras el retorno a la democracia. Entonces presentó la solicitud de arbitraje internacional, después de que el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se negara a restituirle los bienes.
La postura del Estado chileno no varió tampoco en las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
Por ello, el caso fue llevado al CIADI por Pey y la Fundación Española Presidente Allende (FPA), propietarios del diario.
En 2008 el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, determinó que Chile violó el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones con España y que debía compensar al dueño del Clarín los daños y perjuicios que le provocó la expropiación del medio.
Ese centro determinó, además, una indemnización de 10 millones de dólares a los dueños del diario y obligó a Chile a pagar las costas.
Ahora, la decisión del juez español es la primera vez que un tribunal decreta embargo judicial de bienes de Chile por incumplir tratados internacionales multilaterales y bilaterales y no ejecutar la sentencia firme de un tribunal internacional.
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