El Congreso de Brasil anunció hoy que suprimió en ambas cámaras todos los vetos de la presidente Dilma Rousseff a la nueva Ley de Royalties, que redistribuye los tributos pagados por la producción petrolera entre los estados brasileños.
El principal veto permitía el porcentaje actual que reciben los estados productores -Río de Janeiro, Espirito Santo y Sao Paulo- al impedir la aplicación inmediata de una fórmula más igualitaria entre todos los estados del país de distribución para los contratos vigentes.
La decisión anunciada este jueves resulta en una reducción de 20 a 26,2 por ciento en la recaudación de los estados productores, garantizando a los estados y municipios no produtores, que hasta ahora recibían apenas 1,76 por ciento de los royalties, una parcela mayor de los recursos.
La votación fue realizada durante una tumultuosa sesión la noche del miércoles, que resultó en una amplia mayoría por el rechazo a los vetos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Parlamentarios de Río de Janeiro y Espirito Santo anunciaron que entrarán con acciones en el Supremo Tribunal Federal para la anulación de la sesión, con el argumento de fallas en el proceso de votación.
El proyecto sobre participación en los royalties fue aprobado por el Congreso en función de la explotación de los campos petroleros bajo la capa presal del lecho submarino continental, que deben convertir a Brasil en un gran productor en las próximos años.
Los royalties son tributos pagados al gobierno federal por las empresas que explotan el petróleo, como compensación por daños ambientales y como pago por los derechos del Estado sobre los campos.
Rousseff había vetado el proyecto de ley, bajo fuerte presión de los estados productores, que pretendían que la norma se aplicara sólo a contratos futuros.
Este miércoles, la mandataria había anticipado que si los legisladores rechazaban sus vetos, no habría ninguna reacción del Ejecutivo, puesto que "lo que el Congreso decida es lo que va a estar decidido".
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