Multinacionales han reclamado al gobierno boliviano indemnizaciones por un monto global de 1.173 millones de dólares (mdd) por la veintena de empresas estatizadas durante las dos administraciones del presidente Evo Morales, de mayo de 2006 a la fecha.
Las multinacionales, a través de comunicados, dieron a conocer sus demandas y fijaron montos de indemnización, que en global superan los 1.000 mdd, aunque el gobierno sostiene que la suma es menor.
Colquiri y Vinto reclamaron 122 mdd; Guaracachi, 142 mdd; Chaco, 233 mdd; Mallku Khota, 25 mdd; por acciones en el salar de Uyuni, 40 mdd; AirBP, 30 mdd; por el caso Mutún, 400 mdd; la Red Eléctrica busca cobrar 91 mdd y Abertis y Aena, 90 mdd.
El Estado boliviano, por la naturaleza y especialidad de los casos de arbitraje internacional, cuenta actualmente con los servicios de copatrocinio del Consorcio Jurídico Internacional Dechert para enfrentar los arbitrajes.
Al respecto, la Procuraduría General del Estado precisó que a la fecha se han realizado un total de 20 nacionalizaciones, contando con la última ejecutada el lunes 18 de febrero del paquete accionario de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA), filial de las firmas españolas Abertis y Aena.
Además, Bolivia enfrenta 13 litigios por las expropiaciones ejecutadas en los dos gobiernos de Morales, que son atendidas por la Procuraduría, pero ningún caso ha llegado a laudo arbitral que obligue a Bolivia a pagar determinada suma.
De ese total, un caso está concluido sin necesidad de fallo, sino con arreglo conciliatorio, y otros 12 están en distintas etapas que pueden resolverse antes de llegar a un fallo definitivo.
Hasta antes de esta última nacionalización, el reclamo de indemnización era de 1.083 mdd, y ahora las españolas Abertis y Aena exigen un pago de 90 mdd por sus acciones de SABSA, aunque esta suma debe ser conciliada con el Estado boliviano para acordar un monto o irse a arbitrajes.
El procurador boliviano, Hugo Raúl Montero, en entrevista con Xinhua dijo que el Estado boliviano ha sido demandado de arbitraje internacional en materia de inversiones, pero hasta la fecha, ninguno de los casos ha concluido con un laudo.
"Con la nueva política del Estado Plurinacional de Bolivia, responsable por sus actos, ha logrado resolver algunos de ellos a través de métodos alternativos directos de solución de controversias, ahorrando tiempo y dinero; los arbitrajes son muy costosos", afirmó el procurador.
En los casos de notificación sobre la controversia al Estado, la PGE asumió defensa haciendo uso pertinente de todos los mecanismos procesales y recursos legales.
Según la explicación de Montero, en una primera etapa, la PGE, conjuntamente las empresas afectadas por las nacionalizaciones, priorizan el método directo de solución de controversias, antes de ingresar al litigio propiamente dicho.
"Esta etapa se da en la perspectiva de encontrar puntos de equilibrio para allanar la controversia respecto del monto indemnizable, en función de lo establecido en los referidos decretos supremos", aseveró.
En muchos casos se espera de que las empresas involucradas obtengan las respectivas valuaciones previstas en los decretos supremos de nacionalización para asumir una posición para la conciliación o ingresar al litigio.
El Estado boliviano, por la naturaleza y especialidad de los casos de arbitraje internacional, cuenta actualmente con los servicios de copatrocinio del Consorcio Jurídico Internacional Dechert.
Los costos incurridos en los arbitrajes internacionales por naturaleza son cuantiosos; sin embargo, la Procuraduría, en la medida de sus posibilidades, cumple con los preceptos de austeridad económica respecto a varios de los costos de arbitraje.
DEFIENDEN NACIONALIZACIONES
La semana pasada, el vicepresidente, Álvaro García, sostuvo ante la prensa que el costo de las nacionalizaciones es menor comparativamente con el beneficio que recibió Bolivia el año pasado, que estimó en 4.200 mdd anuales.
"El año 2005, sin nacionalización de las refinerías, ni el transporte, ni las empresas, el Estado recibía 670 mdd; en 2012, con nacionalización, el Estado recibe 4.200 mdd; hemos multiplicado por siete los ingresos que recibíamos en 2005", señaló García.
Desestimó los datos brindados por la privada Fundación Milenio sobre que el costo de las nacionalizaciones, de 19 empresas (antes de SABSA), rondaría los 1.083 mdd.
Aunque consideró que es menor a 1.000 millones de dólares lo que representó la nacionalización, pero insistió en que los beneficios son grandes a favor del desarrollo de Bolivia.
García expuso que los pagos más fuertes por indemnización fueron por la nacionalización de Entel y Transredes, "los demás son pagos menores, sin tomar en cuenta que existen varias empresas en procesos de negociación".
"Se ha indemnizado a Entel cerca de 100 mdd, se ha indemnizado a Transredes poco más de 200 mdd, son las dos indemnizaciones fuertes, luego son pequeñitas como las de Air BP, hay algunos litigios pendientes que es con Chaco, la empresa de Electricidad está pendiente, la empresa Transportadora (TDE) está pendiente, así como la empresa de Aeropuertos (SABSA)", manifestó.
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