La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró hoy inconstitucional la ley que proclamaba de lesa humanidad los delitos del gobierno militar (1973-1985), a través de la cual se evitaba su prescripción.
El fallo volvió a dividir a la sociedad y generó fuerte rechazo en la coalición de izquierda gobernante Frente Amplio (FA) y organizaciones sociales, las cuales se movilizarán en contra de él.
Desde el FA se evalúa iniciar un juicio político a los miembros del máximo tribunal y elevar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El FA votó una norma en el parlamento en octubre de 2011 para impedir que el 1 de noviembre de ese año prescribieran los crímenes de los uniformados que la justicia consideraba como delitos comunes.
Si bien la sentencia, dada a conocer la tarde de este viernes, rige para un caso en particular, se descarta que se repetirá en las decenas de litigios interpuestos por los represores encarcelados en distintas causas.
Con el voto de cuatro ministros a favor y sólo uno en contra, la SCJ tachó dos artículos del texto normativo como inconstitucionales, por vulnerar "ostensiblemente el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa", según un comunicado emitido por el Poder Judicial.
La ley en cuestión, la número 18.831, reestableció la pretensión punitiva del Estado al establecer en su artículo 2 que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" desde la vigencia de una ley de amnistía en 1986.
El artículo 3 señalaba que los delitos del régimen militar "son crímenes de lesa humanidad, de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte".
En un escueto comunicado, la SCJ aclaró que las consecuencias del fallo "serán examinadas por el juez competente en aplicación de las normas penales sustanciales y procesales que estime correspondan por derecho".
En tanto, el vocero de la corporación judicial, Raúl Oxandabarat, explicó que las causas abiertas donde no hubo procesamientos de militares por la "guerra sucia" deberán ahora ser archivadas.
La represión de la dictadura contra los opositores de izquierda dejó unos 200 desaparecidos en Uruguay y fuera del país, como parte del Plan Cóndor.
RECHAZO DEL FA
La senadora del FA y esposa del presidente José Mujica, Lucía Topolansky, declaró este viernes en rueda de prensa que su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), evalúa iniciar un juicio político contra la SCJ.
El MPP denunció en una declaración que "la mayoría de la SCJ es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República (Oriental del Uruguay)".
El movimiento anunció que recorrerá los caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la SCJ en las decisiones adoptadas.
En tanto, el Partido Comunista (PCU), también integrante del FA, criticó a la SCJ al decir que "asume la responsabilidad institucional de violar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Recordó que la corte regional "ordenó al Estado, del cual es parte la SCJ, garantizar la investigación y la condena los crímenes de lesa humanidad".
Además, acusó a los ministros de la SCJ de "defender la impunidad de los peores delincuentes de la historia nacional", y les reprochó que "nunca hicieron nada para enfrentar la impunidad".
La presidenta del FA, Mónica Xavier, fue crítica con la sentencia que "reaviva el dolor de la sociedad" y "las resistencias hacia la investigación de los hechos", comentó al portal de internet Montevideo.com.
Bajo el lema Verdad y Justicia, el FA, la central única de trabajadores (PIT-CNT) y grupos de familiares de víctimas del gobierno militar y ex presos políticos convocaron para el próximo lunes a una movilización frente a la sede capitalina de la SCJ.
El pasado 15 de febrero la SCJ fue protagonista de un escándalo cuando se formalizaba el traslado de una juez que investigaba 55 causas de la represión militar.
La magistrada Mariana Mota fue la primera en criticar a la SCJ por obligarla a dejar la órbita penal para desempeñarse en lo civil.
Para impedir el juramento de la juez, unos 300 activistas ocuparon el histórico edificio de la SCJ durante tres horas, hasta que aceptaron retirarse después de repetidas invitaciones en ese sentido de la policía.
Legisladores del FA invitaron a los ministros de la SCJ para explicar en el parlamento los motivos del traslado, pero estos se excusaron al argumentar la separación de poderes prevista en la Constitución.
Durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) se fijaron excepciones que perforaron la ley de amnistía (1986) y que permitieron el envío a la cárcel de una quincena de uniformados, criterio que ratificó el presidente uruguayo José Mujica.
El ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000), del opositor Partido Colorado (PC), respaldó el pronunciamiento de la SCJ, y mencionó los dos plebiscitos en que el pueblo uruguayo ratificó la Ley de Caducidad (amnistía).
Según Sanguinetti, durante los gobiernos del FA se "ha actuado como si no existiera esa ley".
"Hicieron esa absurda ley interpretativa (en 2011) que felizmente la SCJ declaró inconstitucional, concluyó el ex gobernante en declaraciones a la radiodifusora local Montecarlo.
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