Enfrentados por la detención de tres soldados bolivianos en territorio chileno, los gobiernos de ambos países insisten en sus puntos de vista, en un aumento a la tensión política que tiene como fondo la histórica demanda marítima de Bolivia a Chile.
Al responder hoy al presidente chileno Sebastián Piñera, quien defendió esta semana la detención de militares bolivianos, el vicepresidente boliviano Alvaro García dijo que su arresto constituye "una violación de acuerdos internacionales".
Piñera sostuvo que "no están detenidos por ser bolivianos, ni ser militares", sino porque ingresaron armados en forma ilegal a territorio chileno.
Alvaro García pidió al mandatario chileno que "no se utilice a los jóvenes conscriptos como rehenes políticos".
Los tres reclutas llevan tres semanas detenidos en la prisión de la norteña ciudad chilena de Iquique, en tanto que el gobierno de La Paz comenzó una campaña internacional para su liberación.
"Esto se resuelve de manera diplomática como se ha hecho siempre, o se recurre a un organismo internacional. Nunca se juzga en un tribunal local lo que compete a un ámbito internacional o diplomático. Esta es otra violación del derecho internacional", puntualizó.
El vicepresidente boliviano dijo que "llevar al tema judicial un tema de carácter estatal es una forma de convertir a nuestros jóvenes conscriptos en rehenes del gobierno chileno, cosa inaceptable desde cualquier punto de vista".
Al referirse a este caso, el abogado y diputado opositor de Chile, Hugo Gutiérrez, insistió este viernes en que la privación de libertad de los soldados bolivianos no se justifica.
"Los tres jóvenes que hacían servicio militar, no son delincuentes", subrayó.
A su juicio, "si en su país están autorizados para usar un fusil, custodiando un vehículo utilizado por contrabandistas, esta conducta está autorizada en su país por ser miembros del Ejército".
Gutiérrez aprovechó la ocasión para indicar que otra muestra del ánimo del gobierno chileno ante este tema es la entrega a privados por parte de la Empresa Portuaria de Iquique, del puerto seco en la comuna de Alto Hospicio, que el Estado chileno le cedió a Bolivia para realizar actividades de cabotaje.
Como resultado de la Guerra del Pacífico a finales del siglo XIX, Bolivia perdió 400 kilómetros de costas y unos 120.000 kilómetros cuadrados de su territorio, en un conflicto en el que Perú también resultó vencido por Chile.
Piñera reiteró que "los países serios, respetuosos del derecho internacional y amantes de la paz honran y cumplen los tratados que firman".
En su respuesta, Alvaro García precisó que "los países amantes de la paz, como dice el presidente Piñera, no invaden cobardemente a países hermanos, a países pacíficos y le arrebatan la soberanía sobre sus territorios históricos (...) los países serios no incumplen los tratados (de 1904)".
El vicepresidente de Bolivia agregó que ese tratado, que fijó los límites entre ambos vecinos y convirtió a Bolivia en un estado mediterráneo, será adecuado a la Constitución boliviana, para lo cual existe la vía de la denuncia y la renegociación.
El jueves, el presidente boliviano Evo Morales demandó la unidad nacional para poder retornar al Pacífico con soberanía, al afirmar que Bolivia no renunciará a ese derecho.
Las declaraciones las hizo en un inédito acto de repudio al desembarco de tropas chilenas en la entonces ciudad boliviana de Antofagasta, en 1879.
Alvaro García señaló que Chile no puede seguir anclado en contradicciones y actitudes retrógradas, frente al desafío de fortalecer el proceso de integración para beneficio de la región.
Los tres soldados bolivianos fueron declarados por Morales como "héroes nacionales", porque "enfrentan una situación difícil ante la justicia de ese país".
La detención de los jóvenes conscriptos bolivianos se mantendrá hasta mediados de marzo próximo, de acuerdo con una resolución judicial anunciada el martes pasado.
Por su parte, la ministra chilena de Justicia, Patricia Pérez, dijo que en Chile se "rige plenamente el Estado de Derecho", lo cual quiere decir que "cada institución tiene las funciones que por ley y por Constitución le corresponden, y eso significa que, siendo un caso que está en los tribunales, corresponde que el proceso siga su curso".
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