Las nuevas medidas migratorias que flexibilizan los movimientos de salida y entrada a Cuba a sus ciudadanos entraron hoy en vigor en todo el país.
"Con la entrada en vigor hoy de la actualización de su política migratoria, Cuba dio un paso más para lograr que los movimientos migratorios sean de forma legal, ordenada y segura, así como para fortalecer su relación con la emigración", destacó el diario oficial "Granma".
El órgano del Partido Comunista de Cuba puntualizó que estas medidas son aprobadas "por decisión soberana del Estado y no responden a presiones ni imposiciones de nadie".
La Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE) del ministerio del Interior aseguró que tiene "todas las condiciones creadas" en las 195 oficinas del Carné de Identidad y de Inmigración y Extranjerías en el país para brindar los servicios establecidos en el Decreto-Ley 302 del 11 de octubre de 2012.
Estos servicios incluyen las solicitudes de pasaportes corrientes y sus prórrogas, así como la actualización de los pasaportes corrientes que se encuentren vigentes y hayan sido expedidos antes del 14 de enero del 2013.
A partir de las nuevas regulaciones, los cubanos pueden viajar al extranjero sin necesidad del permiso especial llamado Tarjeta Blanca y del requisito de la carta de invitación, que fueron abolidos, y lo harán provistos con su pasaporte, la visa del país a visitar y el pasaje.
También se extiende de 11 a 24 meses el tiempo permitido de permanencia fuera del país sin perder el estatuto de ciudadano residente y posibilita la salida de menores de 18 años previa autorización de sus padres o representantes legales.
Los emigrados, por su parte, podrán visitar la isla por hasta 90 días, 60 más de los fijados anteriormente, además de que se amplían las causas de la repatriación en casos como los que dejaron Cuba por razones humanitarias.
Con la nueva legislación se normaliza además la entrada temporal de quienes migraron de manera ilegal después de los acuerdos migratorios de 1994 con Estados Unidos, si han transcurrido ocho años de su salida; y la ampliación de las causas de la repatriación.
La ordenanza define, igualmente, las personas que están sujetas a limitaciones o regulaciones para acceder al pasaporte, como aquellas que están sometidas a proceso penal, encontrarse sujetas al cumplimiento del Servicio Militar o por razones de Defensa y Seguridad Nacional.
También se mencionan a quienes tienen obligaciones con el Estado o carecen de autorización en virtud de normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada y proteger la información oficial.
El segundo jefe de la DIE, coronel Lamberto Fraga, expresó que los países tienen el derecho de actuar en función de defender los "intereses supremos de la sociedad".
Se trata, abundó, de una prerrogativa en la que el gobierno se apoya para resguardar a cuadros, profesionales, científicos, técnicos y deportistas considerados clave de cara al desarrollo socio-económico del país.
"Sin embargo, podemos adelantar que la mayoría de las solicitudes tendrán una respuesta positiva, y que estos causales no son permanentes", afirmó.
Según "Granma", la actualización de la política migratoria del país, al tiempo que facilita los trámites y gestiones de la población para viajar, "protege más de medio siglo de Revolución, su capital humano, y tiende nuevos lazos con los cubanos residentes en el exterior".
El gobierno cubano acusa al de Estados Unidos de fomentar la emigración ilegal de la isla con su política migratoria basada en la Ley de Ajuste Cubano (1966), que da residencia a los cubanos que lleguen a suelo norteamericano, aun si no ingresaron de forma legal.
Alrededor del 85 por ciento de los cubanos radicados en el exterior vive en Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales. La Casa Blanca ya anunció que no cambiará por ahora su política migratoria con Cuba, aunque seguirá con atención la evolución.
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