Organizaciones sindicales e indígenas de Guatemala impugnaron hoy el Acuerdo Gubernativo 370-2012, el cual restringe la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos, para fallos o sentencias antes de 1987.
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de justicia del país, para tratar de dejar sin vigencia el Acuerdo Gubernativo y que se mantenga el reconocimiento a los fallos, sin importar el año.
El gobierno guatemalteco publicó el 2 de enero un acuerdo para desconocer los fallos de la CIDH por genocidio, previos a 1987.
La medida recibió críticas por parte de organismos defensores de los derechos humanos, al extremo que el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina dijo que no se depositará el Acuerdo Gubernativo ante la CIDH hasta haber conversado con los inconformes.
Ese desconocimiento incluye demandas por genocidio o lesa humanidad, ocurridos principalmente en la década de los 80, la más violenta y cruel de ese conflicto armado que terminó en 1996.
Guatemala reconoce a la CIDH desde 1987 y ha resarcido a 468 víctimas con cerca de 20 millones de dólares, en 12 sentencias, aceptadas por gobiernos anteriores.
Otras condenas de la CIDH fueron por las masacres del Plan de Sánchez, cuando el 18 de julio de 1982 soldados del ejército asesinaron a más de 250 personas, en su mayoría niños y mujeres, muchas de las cuales fueron violadas.
El año pasado el gobierno del presidente Pérez Molina desarticuló la oficina de acceso público a los "archivos de la paz", a través de la cual la población podía tener acceso a documentos militares desclasificados.
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