El gobierno de Chile anunció hoy que invocará la ley antiterrorista contra los responsables del atentado incendiario que provocó la muerte de un matrimonio de hacendados en la zona de conflicto indígena en el sur del país.
"Vamos a presentar querella por Ley Antiterrorista para este caso. Este es un acto gravísimo. Estamos en presencia de un acto extremista, terrorista", dijo el ministro vocero Andrés Chadwick.
"No podemos continuar con la impunidad en la Región dela Araucanía", agregó el portavoz, quien anunció que el presidente Sebastián Piñera, suspendió su agenda y viajará a la zona en las próximas horas.
El ataque incendiario realizado de madrugada a una casa patronal en la comuna (distrito) de Vilcún, en la Región de la Araucanía, dejó como saldo la muerte de Bernard Luchsinger y su esposa Vivianne Mckay, luego que la casa fuera consumida por completo por las llamas, tras la acción de desconocidos.
Tras el atentado y en sucesivos operativos policiales fue detenido uno de los sospechosos del ataque según confirmó el Ministerio Público.
Fuentes judiciales y policiales han ligado el atentado al resurgimiento de la violencia en la región de la Araucanía, coincidente con el cuarto aniversario de la muerte del activista mapuche Matías Catrileo, abatido por la policía en enero de 2009.
"Fueron encontrados panfletos (en la zona del atentado) sobre la muerte de Matías Catrileo" ratificó Chadwick.
Organizaciones de apoyo a los indígenas convocaron esta semana a una serie de protesta por lo que consideran impunidad en el homicidio, luego que una corte marcial aplicara al autor de los disparos una pena menor que cumplirá en libertad y sin perder su puesto de trabajo.
La quema de predios y camiones de empresas forestales atribuidas a organizaciones radicalizadas de indígenas han llevado al gobierno a implementar medidas de seguridad extraordinarias, las últimas semanas.
Sin embargo hasta este viernes los atentados ligados a la causa mapuche, nunca habían causado víctimas fatales.
Los mapuches, la mayor etnia originaria del país y que con unas 800.000 personas representa aproximadamente al 6 por ciento de la población chilena, reclaman la restitución de su territorio ancestral.