El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dejó en suspenso durante cinco días la vigencia del acuerdo que desconoce las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) previas a 1987, según publicó el jueves el Diario de Centro América (gaceta oficial de Guatemala).
El pasado miércoles el gobierno del general retirado Pérez Molina aprobó un acuerdo en el cual se desconocían los fallos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, entre otros que sean basados en hechos previos a 1987, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El mandatario aseguró que pospondrá la vigencia de este acuerdo, inicialmente programada para este jueves, hasta sostener una reunión con representantes de Derechos Humanos, la cual tendrá lugar el próximo lunes. El presidente expresó que el documento aún no ha sido depositado en la OEA.
Guatemala reconoce a la CIDH desde 1987 y ha resarcido a 468 víctimas con cerca de 20 millones de dólares; esto en 12 sentencias; aceptadas por gobiernos anteriores.
Entre las condenas de la CIDH figura la de las masacres del Plan de Sanchez donde el 18 de julio de 1982 soldados del Ejército asesinaron a más de 250 personas, en su mayoría mujeres y niños; muchas de las mujeres fueron violadas; estas personas pertenecían a la étnia maya Achí.
Guatemala sufrió una guerra interna de 36 años que culminó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz firme y duradera y dejó como saldo más de 200 mil muertos y miles de desaparecidos.
En la CIDH también figura la condena por el caso de las masacres de Río Negro, donde soldados asesinaron a 300 personas el 13 de marzo de 1982; en noviembre último la CIDH condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada del líder sindical Edgar García en 1984 y también por el caso del Diario Militar, que describe secuestros, detenciones ilícitas y asesinatos, así como información de las víctimas.
El año pasado el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, desarticuló la oficina de acceso público a los "archivos de la paz", en la cual la población podía acceder a los archivos militares desclasificados.
Si el presidente Pérez continúa con el Acuerdo y desconoce los fallos de la CIDH, entre los beneficiados podrían estar el ex jefe de Estado (1982-1983) Efraín Ríos Montt, quien enfrenta juicio por genocidio en los tribunales guatemaltecos, y Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, investigado por masacres, entre otros.
Los procesos en juzgados locales podrían también verse afectados debido a que uno de los principales argumentos de los acusadores es que el genocidio y crímenes de lesa humanidad ya son reconocidos a nivel internacional en la CIDH.