El gobierno de México anunció hoy una nueva estrategia de seguridad pública con seis líneas de acción, entre las que destaca la creación de una Gendarmería Nacional con unos 10.000 elementos y un nuevo enfoque regional.
El presidente Enrique Peña Nieto, al participar en la clausura de la segunda reunión extraordinaria del denominado Consejo Nacional de Seguridad Pública -integrado por varios ministerios- dijo que en el nuevo plan se fortalecerá la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y se cuidarán los derechos humanos en la impartición de justicia.
Los seis ejes del plan de seguridad y justicia del gobierno mexicano son Planeación, Prevención, Respeto a derechos humanos, Coordinación, Transformación institucional y Evaluación.
Todos ellos, encaminados a reducir la violencia y disminuir los índices de homicidios, extorsión y secuestro.
Este nuevo plan cambia la estrategia del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), quien sacó al Ejército a las calles para combatir de frente al crimen organizado, con saldo de más de 60.000 muertos.
La nueva estrategia del gobierno denota su máxima transformación al pasar de un programa cien por ciento punitivo que implementó el ex mandatario Calderón a uno enfocado a la prevención del delito, para el que Peña Nieto anunció fondos de115.600 millones de pesos (9.174 millones de dólares) para el próximo 2013, únicamente en programas que ayuden a anticiparse a los problemas.
En diciembre de 2006, once días después de tomar posesión como presidente, Calderón ordenó iniciar la Operación Conjunta Michoacán, en la que 6,000 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Policía Federal participaron en labores para combatir al crimen organizado.
Aquel fue el primero de decenas de operativos encabezados por las fuerzas armadas que dejaron los cuarteles, generando un espiral de violencia que acabó en la cifra de muertos enunciada anteriormente.
Un nuevo enfoque regional permitirá, según ha dicho el presidente Peña Nieto, "reforzar acciones específicas" en la reducción de crímenes en las zonas del país que registran las más altas tasas delictivas.
Además de que se podrán compartir estrategias, sin que la violencia contamine entidades en las que no se registran delitos, como sucedió en el pasado, que mientras se atacaba a los criminales, estos huían y expandían la violencia a otras latitudes del país.
"Nos parece bien que no se lleve problemas a otros lugares donde no los hay, y en cambio afinar las estrategias en esas regiones que si los tengan (los problemas de seguridad)", dijo hoy Cesar Duarte, gobernador de Chihuahua, uno de los estados más violentos en donde se ubica Ciudad Juárez.
"Es un paso fundamental llevar a las regiones las decisiones, dará más eficiencia", añadió.
Según un mapa de riesgo de la Secretaría de Gobernación, la violencia está focalizada en algunas zonas del país, siendo la línea fronteriza con Estados Unidos donde se registran las tasas más altas de actos criminales.
Es por esto que la "gendarmería nacional" con 10.000 efectivos, y un mando único policiaco, también es un cambio sustancial a la estrategia llevada a cabo por el gobierno anterior, que se fragmentó por la pluralidad de las fuerzas en las que cada decisión era difícil.
Las decisiones desde un nuevo mando único, coordinado por la Secretaría de Gobernación (interior), se da ahora con la aprobación de los gobernadores de los 32 estados de la República, incluido el Distrito Federal que era el único que obedecía directamente las decisiones en material de seguridad del ejecutivo.
Además del llamado "Pacto por México" firmado recientemente por las distintas fuerzas políticas del país.
La "transformación institucional" de la policía y un mayor peso de la PGR en la impartición de justicia, además de los otros ejes propuestos en el cambio del Plan de Seguridad, se espera que empiecen a funcionar y dar resultados de manera sustentable en los próximos dos años y será ahí, con un mejor clima, cuando el Ejército volverá a los cuarteles, según dijo Peña Nieto.
Este nuevo plan de seguridad tiene sus debilidades y sus puntos invisibles, por ejemplo, el gobierno mexicano no ha precisado los objetivos específicos con esta nueva estrategia, es decir, en qué medida se reducirá los crímenes.
El nuevo Plan de Seguridad tampoco puede estar alejado de la agenda binacional de México con Estados Unidos, que es el país número uno consumidor de drogas y también el principal proveedor de armas de alto nivel "ilegales" a los grupos criminales.
Todo esto, sin embargo, no debe ser una excusa para la responsabilidad ajena del problema de seguridad que México tiene pendiente.
Para ello, además del esfuerzo del gobierno con este nuevo plan, con sus fortalezas y debilidades, tiene que ir acompañado de una lucha de la sociedad mexicana en su conjunto.
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