El ministro chileno de Justicia, Teodoro Ribera, presentó hoy su renuncia al gabinete del presidente Sebastián Piñera, ante acusaciones que lo involucran en un caso de corrupción en el sistema de certificación de las Universidades, lo que sacude los cimientos del gobierno de Chile.
Ribera llegó temprano hasta el Palacio de Gobierno de La Moneda, donde presentó su renuncia luego de una semana de especulaciones sobre su futuro.
El funcionario fue involucrado en una investigación por sobornos en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que certifica a las instituciones de educación superior.
"He presentado mi renuncia indeclinable", dijo Ribera tras salir de una reunión con el presidente Piñera y el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
"Esta situación sin visos de detenerse dificulta tanto mi labor como ministro como al igual mis posibilidades de proteger mi imagen y la de mi familia", dijo al asegurar que tiene la "férrea convicción de que ninguna de mis actuaciones personales o ministeriales se han apartado de la línea ética y legal".
Añadió que "en las últimas semanas he sido objeto de acusaciones tendenciosas, basadas en hechos inconexos", indicó Ribera.
"Se ha escarbado en viejos expedientes omitiendo informar sobre la verdad establecida. Se le ha dado tribuna a quienes han sido objeto de reproches por parte de la justicia, se ha buscado involucrar a mi familia en este cuestionamiento político", continuó.
Ribera tuvo contactos con Luis Eugenio Díaz, ex presidente del CNA y principal inculpado por sobornos, en la época en que se desempeñaba como rector de la Universidad Autónoma, propiedad de la familia del ministro renunciante.
Publicaciones periodísticas han revelado correos con solicitudes de favores por parte de Díaz, cuando Ribera era rector de esa Universidad, poco antes de su llegada al Ministerio de Justicia hace 18 meses.
El ex ministro también es acusado de contratar a Díaz para una asesoría en el Ministerio de Justicia en momentos en que el CNA analizaba la acreditación del Instituto Profesional Incacea, donde Ribera posee el 7,5 por ciento accionario.
Las críticas desde la oposición recrudecieron los últimos días a los que se agregaron las críticas de los voceros del movimiento estudiantil que ya llevan dos años criticando al actual sistema educacional chileno, denunciando los negocios que se han formado a su alrededor.
La decisión de Ribera se registra luego de declaraciones el fin de semana del ministro Chadwick, quien dió cuenta de que el presidente Piñera estaba analizando las razones políticas para decidir el futuro del entonces titular de justicia.
"No hay hechos irregulares, ilícitos, sí hay elementos políticos y prudenciales que uno pueda decir que estuvieron de más", dijo Chadwick.
El problema se agravó con algunas frases desafortunadas a la prensa, como el indicar que Luis Eugenio Díaz se habría inhabilitado para votar por el Instituto Incacea cuando realizaba las asesorías al Ministerio de Justicia, pero la secretaria del CNA negó esas versiones y Díaz votó a favor de la acreditación del centro de estudios técnicos.
Díaz enfrenta un proceso por recibir sobornos para asegurar las acreditaciones de las universidades privadas Pedro de Valdivia y del Mar, y también se investigan los casos de los centros de estudios Andrés Bello, la Universidad de las Comunicaciones, Sek y Bernardo OHiggins, a la que se agregó el caso de la Universidad Autónoma.
El sistema de acreditación surgió en Chile como una forma de certificar a las instituciones de educación superior. La acreditación permite a las instituciones recibir aportes directos del Estado y a sus alumnos postular a créditos y becas de estudio.
Pero las debilidades de este sistema fueron cuestionadas desde el principio, pues en las universidades podían ser acreditadas desde uno a siete años, provocando que instituciones de menor calidad vivieran acreditándose por uno o tres años sin presentar mejoras en el tiempo.
Según la Fiscalía Nacional, luego de las denuncias del ex concejero de la CNA, Patricio Basso, al menos dos de estas Universidades pagaron altas sumas de dinero para lograr la aprobación.
Este caso pone en entre dicho una vez más la relación de los funcionarios del gobierno de Piñera con el sector privado. Durante 2011 el nombrado ministro de Energía debió renunciar dos días después al tener vínculos con empresas que poseen contratos con el gobierno.
Estas críticas apuntan a otros ministros que también ocuparon puestos gerenciales o mantuvieron otros vínculos con empresas en el sector que dirigen.
Incluso los principales directivos del Servicio de Impuestos Internos se encuentran investigados por los diputados por haber condonado el pago de impuestos a una empresa de menudeo cuando fueron ejecutivos de empresas del sector antes de llegar al gobierno.
Así lo consideró también Osvaldo Andrade, senador y presidente del Partido Socialista, uno de los principales de la oposición, quien criticó los conflictos de intereses del gobierno de Piñera.
"En mi opinión, este gobierno nunca ha entendido esto, nunca se ha hecho cargo y en consecuencia van a seguir ocurriendo estas cosas. Me temo que así a va a ser", indicó Andrade.
También complica las políticas del gobierno en educación, una de las áreas más conflictivas debido a las manifestaciones estudiantiles, pues este caso estaría avalando las críticas de los dirigentes universitarios sobre un sistema basado en el lucro y no en un bien o servicio público.
Incluso los dirigentes pidieron la renuncia al ministro de Educación, Harald Beyer, por desconocer los antecedentes presentados sobre este y otros casos.
De igual forma reclamaron a la Contraloría General de la República (principal órgano fiscalizador del Estado), que investigue a Beyer por omisión.
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