El gobierno dominicano criticó el martes un reciente fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado dominicano por la muerte de seis ciudadanos haitianos en territorio dominicano hace doce años.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, señaló que la CIDH "actuó con ligereza y con un sesgo hacia el país con respecto a las relaciones bilaterales con Haití", país que junto a República Dominicana comparte la isla Hispaniola en el centro del Caribe.
"Esto tiene que preocupar a toda el país y sobre todo a quienes están en la dirección del Estado, quienes manejan las relaciones internacionales", dijo el funcionario quien advirtió que por el caso "no habrá un rompimiento con la CIDH".
Pina agregó que hay que prestarle una adecuada atención a las decisiones que se ha adoptado en contra del país para poder asumir una posición al respecto, igual que a las particularidades propias de los vínculos entre República Dominicana y Haití y los factores que intervienen.
La CIDH dio a conocer el jueves de la semana pasada una resolución aprobada el pasado 24 de octubre, mediante la cual halla culpable al Estado dominicano por la "violación del derecho a la integridad personal" en perjuicio de seis ciudadanos haitianos que fueron asesinados en territorio dominicano el 18 de junio de 2000.
La CIDH determinó que el Estado dominicano es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, de circulación y a la protección judicial, así como por el incumplimiento de los deberes de adecuar su derecho interno y de no discriminar.
Por el caso, la Corte Interamericana impuso el pago de una indemnización a favor de las víctimas y lo obligó a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas en el plazo de seis meses, entre otras sanciones.
Fritz Alce, Ilflaudia Dorzema, Nadege Dorzema, Jacqueline Maxime, Pardis Fortilus y Roselene Thermeus, todos ellos indocumentados, y el dominicano Máximo de Jesús Espinal, murieron en manos de efectivos del Ejército dominicano cuando se desplazaban en un camión por el noroeste del país tratando de ingresar de manera ilegal a República Dominicana.
La condena de la CIDH anunciada la semana pasada es la tercera que el organismo falla contra República Dominicana en los últimos siete años.
Las dos anteriores fueron en 2005 cuando obligó al Estado dominicano a proveer a dos niñas dominicanas de origen haitiano sus documentos de identidad y en abril de este año cuando determinó que hubo responsabilidad estatal en la desaparición del periodista Narciso González Medina hace 18 años.
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