La corrupción, dicen los mexicanos, es uno de los malos hábitos de la "idiosincrasia" de este país, sin embargo es común ese lenguaje no escrito en el que es necesario hablar con dinero para agilizar algún trámite o evitar multas de tránsito.
La "mordida" como se le llama popularmente en la calle a ese acto de pagar para obtener un beneficio particular, es el primer paso de la corrupción en una larga escalera que alcanza a los niveles empresariales y de gobierno y que significan uno de los retos más grandes para el próximo presidente de México, Enrique Peña Nieto.
"La corrupción en México se da por una falla de las instituciones y una cultura masiva de salida al grado de desigualdad social o político", explicó a Xinhua el profesor investigador Ulises Flores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Un sondeo realizado por el diario Reforma, publicado el 12 de octubre del 2012, reveló que el 88 por ciento de los mexicanos consideran que la mayor corrupción en el país se da en el gobierno.
En otra encuesta del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), se afirmó que tres de cada diez mexicanos (31 por ciento) declararon que durante el año 2010 pagaron un soborno.
La corrupción en México es un ejercicio que se práctica en todos los niveles, no únicamente en las calles con los oficiales de tránsito o en las oficinas de gobierno para agilizar un tramite sino hasta en los niveles empresariales.
Según estimaciones de mismo CEESP que pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, cada año las empresas reparten 1 billón y medio de pesos (alrededor de 115.622 millones de dólares) en pagos ílicitos para agilizar trámites en la instalación de nuevos negocios o hacerse de contratos como proveedores del productos para el sector público (gobierno).
En abril pasado el diario estadounidense New York Times publicó que Walmart de México habría destinado 24 millones de dólares en pago de sobornos para obtener permisos gubernamentales para agilizar la instalación de nuevas tiendas, lo que provocó una investigación por parte de las autoridades mexicanas que aún continúa.
"Reprobamos absolutamente el caso de Walmart, pero entendemos a que se debe que es precisamente a la resistencia y obstáculos que se encuentran para echar a andar una tienda", dijo a Xinhua el director del CEESP, Luis Foncerrada.
"Creemos que en la medida de los posibles el gobierno debe eliminar todas aquellas regulaciones que estorban y se prestan a estos ejercicios de corrupción", añadió Foncerrada que subrayó también que debe mejorar la cultura en la sociedad para no tolerar estos ejercicios.
Ante todo este escenario, el presidente electo Enrique Peña Nieto tomará posesión el próximo 1 de diciembre y una de sus promesas es la creación de un organismo, a nivel ministerial, que pueda atacar todos los actos de corrupción.
La intención del nuevo organismo ha generado controversia, sobre todo por la militancia política de Peña Nieto en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que terminó 71 años de gobierno en el 2000 en medio de acusaciones de corrupción de sus gobernantes.
"Cuando se intenta transformar algo de la noche a la mañana sin un respaldo, eso no suele tener efecto", dijo Flores, maestro en gobierno y Asuntos Públicos por Flacso, centrando sus investigaciones en los problemas sociales de México.
La propuesta de Peña Nieto, de crear la denominada Comisión Anticorrupción y que será presentada al Congreso en cuanto tome posesión, contempla facultades independientes y más amplias que las que tiene la Secretaría de la Función Pública (SFP), que actualmente es la encargada de atender los casos de corrupción en los que estén involucrados funcionarios públicos, la cual sería eliminada.
De acuerdo a lo que se ha hecho público por el equipo de transición del nuevo gobierno, las características de la nueva dependencia descritas en el proyecto de iniciativa que ya ha sido cabildeada entre los legisladores, remarcan que será autónoma, con personalidad jurídica propia, independencia para el ejercicio de su presupuesto, organización interna y sobre las investigaciones que se lleven a cabo.
"La intención es combatir a la corrupción de raíz y tienes que tener un sistema de contrapesos", dijo a periodistas Emilio Lozoya, un asesor de Peña Nieto tras presentar el proyecto de ley ante el Senado.
Según el "corruptimetro", un ranking publicado anualmente por el organismo independiente Transparencia Internacional, México ocupó en 2011 el lugar número 100 entre los países con mayor corrupción, de un total de 183 evaluados.
El reto de Enrique Peña Nieto para acabar con la corrupción en este país luce como un largo camino, en donde el primer paso deberá sortearlo ante los legisladores para que aprueben su propuesta de reforma con el Organismo Anticorrupción así como otras dos para dar más facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
El otro paso deberá venir en la reducción de las desigualdades sociales y deberá estar acompañado por la población que deberá asumir sus responsabilidades ciudadanas para no tolerar la corrupción ni practicarla dando "mordidas" para obtener el beneficio personal.
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