El gobierno boliviano a amagó hoy con suspender el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda en las regiones donde persistan conflictos sociales, principalmente por límites municipales.
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, dijo que si no existen las condiciones para llevar adelante el empadronamiento en poblaciones conflictivas, esas regiones tendrán que subsistir una década con los recursos que reciben según el anterior censo de 2001.
"No efectuaremos censo donde haya movilizaciones porque la gente tiene que esperar en su casa, no puede esperar al borde de una carretera, no puede esperar al borde de un camino", declaró el ministra.
El Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, que se realizará en Bolivia el miércoles 21 de noviembre, se enmarca en el proyecto de "Fortalecimiento de la capacidad estadística y de la base de información para la planificación basada en evidencias".
Los componentes del proyecto son la actualización cartográfica multipropósito, el Censo Nacional de Población y Vivienda, el Censo Nacional Agropecuario y la Encuesta de Hogares.
La ministra de Autonomías explicó que Bolivia necesita datos actualizados para afrontar el gran desafío hacia la Agenda Patriótica 2025, planteada por el presidente Evo Morales.
"Los resultados del censo son vitales para hacer una evaluación de dónde estamos y qué caminos debemos seguir para reducir la extrema pobreza y los otros objetivos de la agenda patriótica", explicó Peña.
Aunque el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE) proyectó llegar este 2012 a 10,8 millones de habitantes, más de 2,5 millones respecto al anterior censo de 2001 que contó 8 millones 274.325 personas.
CONFLICTOS
A dos días del censo, los conflictos limítrofes internos no cesan porque diversas poblaciones rechazan la cartografía utilizada por el INE.
Las jornadas del viernes, sábado y domingo pasados decenas de personas resultaron heridas por enfrentamientos entre manifestantes y policías en diversas regiones del país.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, anunció que está en marcha un plan de seguridad para garantizar el trabajo de los empadronadores, que conllevará la movilización de 36.000 efectivos policiales y militares.
Advirtió que las personas que interfieran en el levantamiento de datos serán detenidas y sujetas a procesos judiciales.
Al respecto, legisladores oficialistas y opositores consideraron, por separado, que la solución a decenas de conflictos limítrofes regionales pasa por dos puntos fundamentales: uno, la aprobación y aplicación de Ley de Delimitaciones de Unidades Territoriales; y el otro, por la voluntad política de sus autoridades y dirigentes.
La convocatoria del censo despertó una justificada expectativa en la ciudadanía porque sabe que tendrá repercusiones políticas y económicas en cuanto a redistribución de escaños en la Cámara de Diputados, del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) y de los recursos en los presupuestos nacional, departamental y municipal.
Los datos preliminares se conocerán en enero próximo, para reformular presupuestos de 2013.
"Es ahí cuando se verán las verdaderas batallas regionales por los recursos, escaños legislativos y la definición de los propios límites", afirmó el diputado por Oruro (CN), Franz Choque.
Manifestó que el consenso y la voluntad política serán vitales para viabilizar soluciones entre regiones sobre los linderos.
A su turno, Javier Leigue Herrera, diputado por Santa Cruz, dijo que estos problemas por linderos son como consecuencia de que las autoridades municipales y departamentales no se han puesto a trabajar para encontrar soluciones por "falta de voluntad política y cálculos políticos".
A su vez, el diputado oficialista por Oruro (MAS), Jaime Medrano, deploró la actitud intransigente de la dirigencia y autoridades de las regiones en conflicto por no haber previsto alternativas de solución y que no informen a sus bases que el "censo no definirá los límites".
MUNICIPIOS CON PROBLEMAS
Sólo 25 de los 339 municipios, que representa el 7 por ciento, tienen saneados sus límites, en cambio el 93 por ciento de comunas están pendientes de solución de conflictos limítrofes.
Además, existen controversias entre los departamentos de Cochabamba y Beni, Oruro y Potosí, al igual que de Tarija y Chuquisaca, según informe de la Comisión de Organización Territorial del Senado.
La presidenta de la Comisión de de Organización Territorial, Mirtha da Costa, explicó que los problemas de límites vienen de muchas décadas atrás, y planteó trabajar en un proyecto de ley que establezca los mecanismos que se emplearán para delimitar la jurisdicción de los municipios y los departamentos.
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