El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó hoy a José Dirceu, ex jefe de Gabinete del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), a 10 años y 10 meses de prisión, y a pagar una multa de 676.000 reales (385.000 dólares) por los delitos de corrupción activa y asociación ilícita.
La condena viene a ser la conclusión en el juicio que se llevó en contra de Dirceu por el esquema de compra de votos en el Congreso conocido como el "mensalao".
El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) había sido considerado culpable de esos delitos dos semanas atrás, pero el STF determinó este lunes la magnitud de la pena.
Aunque la condena puede ser modificada hasta el final del juicio, por superar los ocho años debería ser cumplida en régimen de reclusión.
Por el crimen de corrupción activa -agravada por tratarse de nueve parlamentarios- Dirceu recibió un castigo de 7 años y 11 meses de prisión, mientras que por el delito de asociación ilícita, 2 años y 11 meses de prisión.
El relator del caso, Joaquim Barbosa, afirmó que el ex ministro utilizó su cargo para perpetrar delitos, poniendo además en riesgo la independencia de poderes.
"Fue un crimen que causó una lesión gravísima a la democracia, que se caracteriza por el diálogo y opiniones divergentes de los representantes electos por el pueblo. Fue ese diálogo que el reo quiso suprimir mediante el pago de enormes cantidades en especie a líderes y presidentes de partidos", dijo.
Dirceu, quien abandonó el cargo de jefe de ministros a mediados de 2005 como consecuencia del escándalo, es uno de los dirigentes con mayor peso político en el PT, sólo atrás de la figura de Lula, lo que debe tener efectos en la estructura interna del partido gobernante.
El STF ratificó la denuncia del procurador general, quien acusó a Dirceu de ser el ideólogo y jefe de la asociación ilícita implantada para comprar apoyo a los proyectos gubernamentales en el Congreso durante los primeros años de la administración petista.
El "mensalao" habría asegurado los votos faltantes a la base aliada al gobierno de Da Silva para la aprobación de algunos de los proyectos más importantes enviados al Congreso en sus dos primeros años de gobierno, como la Reforma Previsional y la Reforma Tributaria.
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