Más del 90 por ciento de los ciudadanos chinos apoya la legislación contra el malgasto de los fondos gubernamentales por parte de los funcionarios, según un sondeo publicado hoy martes en el Diario de la Juventud de China.
De acuerdo con el estudio, el 93,7 por ciento de los 90.170 encuestados expresaron su fuerte apoyo al reglamento recién emitido por las autoridades centrales de China para reforzar la administración de los gastos gubernamentales y reducir el despilfarro entre los funcionarios.
Alrededor del 91 por ciento de los participantes en el sondeo dijeron que el reglamento también les había llevado a reflexionar sobre sus propios comportamientos.
Más del 97 por ciento de los encuestados afirmaron que apoyarán una ley que criminalizara el despilfarro de fondos públicos por parte de los funcionarios.
Entre los artículos del reglamento, las medidas para controlar el uso de los vehículos oficiales, la apertura de la información sobre el consumo oficial, y un mecanismo de responsabilidad son los que más han impresionado a los encuestados.
Sin embargo, la mayoría de ellos consideran que el comportamiento de despilfarro de los funcionarios todavía no se ha controlado de manera efectiva y, en comparación con el estilo de vida de las personas corrientes, el despilfarro en que incurren los funcionarios es una fuente mucho más evidente de malgasto.
El diario también cita a un funcionario anónimo de un departamento del gobierno central según el cual muchos funcionarios podrían continuar con su comportamiento de malgasto después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, pero de manera más oculta.
Otro empleado de una empresa de Guangzhou declaró al rotativo que se debe hacer mucho más para poner el proceso de elaboración de presupuestos bajo supervisión a fin de reducir los gastos innecesarios.
De acuerdo con la encuesta, la gente cree que la supervisión pública es la medida más efectiva de supervisar el malgasto de funcionarios, seguida por la exposición pública en los medios de comunicación y la supervisión de las agencias disciplinarias de las autoridades.
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