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Ex presidente Humala acusa linchamiento político en Perú

LIMA, 7 may (Xinhua) -- El ex presidente peruano, Ollanta Humala, dijo que las medidas judiciales de incautación de su casa y otras propiedades, iniciadas hoy lunes, son un linchamiento político de parte de las autoridades judiciales.

"Este ya es un linchamiento político. Acá tenemos que defender el estado de derecho", declaró el ex mandatario peruano, abrumado por las circunstancias que sufre como consecuencia del proceso que enfrenta por el delito de lavado de dinero.

Humala sostuvo que la orden autorizada por el juez Richard Concepción se ha parcializado en su contra, al tiempo que atribuyó estas medidas de incautación de sus propiedades a una venganza, y rechazó el plazo judicial de desalojo hasta las 22:00, hora local, de este lunes (3:00 GMT de mañana martes).

"Soy el primer presidente después de 30 años que se queda en el país. Da la impresión de a quienes evaden las investigaciones los premian y los que nos quedamos a enfrentarlas nos castigan", anotó.

Entre los bienes decomisados se encuentran la casa familiar, donde vive la familia Humala, terrenos en el distrito de Lurín, en el sur de Lima, y cuatro propiedades a nombre de otras personas que las autoridades judiciales consideran que fueron adquiridas con dinero de origen ilícito.

Según la disposición legal, los bienes decomisados al político peruano serán puestos bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados.

La justicia peruana investiga al ex presidente Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por el delito de lavado de dinero por presuntamente recibir tres millones de dólares del consorcio brasileño Oderecht para las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Estas medidas contra las propiedades de Humala se realizan una semana después de que Humala y Nadine dejaran la prisión preventiva de 18 meses, la cual cumplieron desde julio pasado tras un fallo del Tribunal de Garantías Constitucional.

Sobre el delito de lavado de dinero, el ex presidente negó enfáticamente las acusaciones del Ministerio Público, y sostuvo que las leyes electorales de Perú no consideran delito el aporte económico a campañas políticas.

Sin embargo, el Ministerio Público argumenta que el origen de los fondos pagados a Humala es ilícito, porque provienen de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, una sección dedicada exclusivamente al pago de sobornos.