RIO DE JANEIRO, 25 abr (Xinhua) -- La Fiscalía de Brasil se opuso hoy a un posible traslado del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (sur), donde está preso, a otra cárcel "más adecuada", como solicitaron tanto la Policía Federal como la Alcaldía del municipio.
Los 13 fiscales federales de la Operación Lava Jato, que investiga los desvíos en el marco del caso Petrobras, en el que Lula fue condenado, entregaron al juzgado en el que se tramita el caso un documento de cuatro páginas en el que mostraron su rechazo a ambas peticiones de traslado.
Los fiscales alegaron la seguridad del mandatario para oponerse al traslado, y recordaron que la propia defensa de Lula no lo ha pedido.
"Es difícil identificar la existencia de otro lugar en el estado de Paraná (cuya capital es Curitiba) en el que las autoridades puedan garantizar el control sobre las condiciones de seguridad física y moral del custodiado", asegura el texto.
Además, agrega que "por tratarse de un ex presidente de la República, hay que garantizar el máximo control de las condiciones de seguridad personal, de ahí una necesidad de mayor rigor y de resguardo del custodiado y la limitación de su contacto con otros custodiados o con terceros extraños".
Lula se encuentra preso desde el pasado 7 de abril en una celta especial en el último piso de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.
En los últimos días, la Policía Federal y la Alcaldía de Curitiba pidieron que fuera trasladado para evitar más problemas a los vecinos de la zona, debido a la presencia de centenares de seguidores de Lula que acampan en las inmediaciones, lo que ha llevado a la Policía a aumentar el número de agentes para evitar cualquier incidente.
De acuerdo con los fiscales, si bien los vecinos de la Superintendencia policial tienen derecho a ir y venir sin ser perturbados, "también es cierto que tienen que aprender a soportar la incomodidad y las limitaciones provocadas por el poder estatal de administrar justicia".
Lula cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso Petrobras, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS a cambio de favorecerla en contratos con la petrolera estatal.