BUENOS AIRES, 7 dic (Xinhua) -- Residentes y miembros de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos participaron este jueves de una protesta luego de conocerse el procesamiento con prisión preventiva y pedido de desafuero resuelto por el juez federal Claudio Bonadio contra la expresidenta y actual senadora de Argentina, Cristina Fernández.
La convocatoria se realizó en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, en Buenos Aires.
El juez federal Claudio Bonadio procesó el jueves a la expresidenta por presunto encubrimiento de iraníes acusados de cometer en el país un atentado contra una mutual judía en 1994 y pidió al Senado quitarle los fueros de inmunidad como legisladora para poder detenerla.
En el marco de esta investigación, se detuvo además al exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia durante el mandato de Fernández, Carlos Zannini, el referente de la comunidad islámica en Argentina, Jorge Khalil y el dirigente Luis D'Elía.
En ese marco, movimientos sociales llamaron a repudiar la "persecución a opositores", tras la orden del juez Bonadio.
En la movilización, el diputado de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau dijo que la orden del juez "atenta contra la democracia, contra las instituciones".
El juez Bonadio dispuso la medida al considerar que la ex jefa de Estado podría entorpecer la investigación abierta por la denuncia de encubrimiento que realizó en enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de ser hallado muerto en su departamento.
El ataque contra la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) ocurrió el 18 de julio de 1994 y costó la vida a 85 personas.
Actualmente no hay detenidos por ese hecho, pero para la justicia argentina está probada la participación de oficiales iraníes.
La ex presidenta argentina ha sido acusada en este marco de traición a la patria, por haber firmado en enero de 2012 un pacto con Irán que buscaba indagar en Teherán o en un tercer país a ex altos funcionarios de esa nación acusados de perpetrar el ataque.
La figura penal de traición a la patria tiene una pena de 10 a 25 años de cárcel, según la legislación argentina.
Este procesamiento representa para la ex presidenta el cuarto en su contra en la justicia federal, en que ya fue procesada por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, negociaciones incompatibles y defraudación al Estado.
En una conferencia de prensa, Fernández de Kirchner consideró la medida como "una persecución política inédita en la democracia" y denunció que el gobierno del presidente Mauricio Macri "no quiere que nuestra voz esté en el Senado".