BOGOTA, 16 nov (Xinhua) -- La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, Patricia Linares, consideró hoy inconstitucionales las inhabilitaciones que el Senado colombiano estableció para magistrados de la JEP el pasado miércoles.
En un comunicado, Linares respondió a la aprobación de un artículo que determina que los magistrados de la JEP que hayan ejercido representación judicial en procesos relacionados con el conflicto armado en los últimos cinco años no podrán ejercer su cargo.
La JEP se estableció en el marco del acuerdo de paz que se firmó hace un año entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y fue creado para juzgar a los actores que tomaron parte en el conflicto armado.
"De acuerdo con la información disponible, y dado que las inhabilidades que aprobó anoche (miércoles) el Senado para los magistrados de la JEP parecen darse a partir del ejercicio lícito de la profesión de abogado, esa disposición sería inconstitucional", señaló Linares.
Si el artículo es aprobado por la Cámara de Representantes y avalado por la Corte Constitucional de Colombia, algunos de los actuales magistrados que fueron designados para JEP no podrán tomar posesión de su cargo.
No obstante, Linares sostuvo que le corresponde a la Cámara de Representantes y, si es necesario, a la Corte Constitucional, dirimir el tema cuando examine de manera previa le ley estatutaria de la JEP.
"El proceso de implementación de la JEP sigue adelante y esperamos que la Jurisdicción Especial para la Paz esté en pleno funcionamiento a más tardar a mediados de enero de 2018", sostuvo.
Además, el Senado aprobó un veto para los magistrados de la JEP que trabajen en Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como defensores de derechos humanos.
Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, rechazó el veto, y afirmó que "no estábamos de acuerdo y no estamos de acuerdo con esa proposición, y mucho menos por el artículo que fue aprobado. Nos parece que es inconstitucional".
Rivera anunció que el gobierno colombiano intentará revocar la proposición en la Cámara de Representantes.